Según AISGE, si llegase a buen término la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que se está tramitando en estos momentos, se obtendrían 1.200 millones de pesetas anuales por el canon de vídeo en concepto de copia privada, lo cual permiiría "la necesaria oxigenación de actores e intérpretes".

Entre 1982 y 1992 se ha producido un espectacular incremento de los vídeos domésticos, que en la actualidad ocupan 5.200.000 hogares, coincidiendo con una reducción en dos tercios de la producción cinematográfica.

"Los casi mil actores e intérpretes agrupados en AISGE esperan la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual y la protección necesaria para ver reconocido su trabajo en una distribución incontrolada del mismo mediante la copa en vídeo", señalaron fuentes de la entidad de gestión.

El canon que deberán ingresar los fabricantes e importadores de cintas y aparatos de vídeo supondrá unos 1.200 millones con los que el colectivo pretende atajar la tasa de paro y crear un fondo social y promocional que proteja y relance el cine español.