Sobre su nueva labor pesan los presuntos casos de corrupción urbanística que han salpicado a la comunidad andaluza en los últimos años, como ocurrió en Marbella o Estepona.

Este nuevo cuerpo, que se completará a corto plazo con once nuevas plazas, se encargará de investigar, comprobar y emitir informes sobre cualquier hecho o actuación que incumpla la normativa existente en el campo del urbanismo, la vivienda protegida y la ordenación del territorio.

El consejero de Vivienda, Juan Espadas, subrayó que "con esta toma de posesión, la Consejería da un paso clave en la política que viene desarrollando para salvaguardar la legalidad urbanística en toda la comunidad y consolidar una vertebración del territorio a través de ciudades y pueblos que permitan el eficaz ejercicio de los derechos constitucionales y estatutarios".

Según informa la Junta, los nuevos inspectores tendrán la consideración de agentes de la autoridad y, por tanto, podrán entrar libremente, sin previo aviso, en el lugar objeto de la inspección; practicar cualquier diligencia, examen o prueba que consideren necesario y obtener información de la persona o entidad que esté siendo investigada.

Así mismo podrán proponer a las administraciones y autoridades competentes las actuaciones y las medidas más oportunas con el fin de dar cumplimiento a la ordenación territorial, urbanística y de vivienda; garantizar la adopción de las medidas para la reparación de la realidad física alterada, y colaborar con las administraciones competentes.