Durante su intervención en el debate en defensa de la iniciativa, el diputado del PP Javier Noriega indicó que la iniciativa “responde a una realidad social alarmante”, dado que, según datos oficiales del Gobierno, la discapacidad “es el ámbito en el que más han crecido los delitos de odio en nuestro país”.

En concreto, indicó que las amenazas, agresiones, vejaciones “crueles”, burlas públicas y discursos de odio dirigidos a este colectivo “se han disparado”, lo cual, a su juicio, “exige una respuesta institucional inmediata”, convencido de que “la persistencia y el aumento de estos casos demuestran que las leyes existentes sobre el papel no son suficientes si no se ejecutan medidas de prevención reales”.

Tras denunciar que en el año 2023 los delitos de odio contra personas con discapacidad se incrementaron un 113% respecto del año 2022, detalló que los “ejes principales” sobre los que “pivota” la propuesta son apoyo integral a las víctimas con protocolos para crear entornos “seguros y respetuosos” para las víctimas y asegurando que los canales de denuncia e información “sean 100% accesibles” además de apoyo psicológico especializado y espacios seguros para el acompañamiento; formación especializada con apoyo técnico y financiero a las autonomías y ayuntamientos así como a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y judicatura impulsando también la colaboración con el Cermi y prevención y concienciación con campañas estatales de comunicación y de concienciación “específicas” así como programas educativos para “erradicar los prejuicios y la estigmatización”.

El PSOE presentó una enmienda que fue rechazada y que, según el diputado Lázaro Azorín reivindicó medidas que faciliten la denuncia, que mejoren la formación de quienes atienden a las víctimas, que refuercen la colaboración con las entidades sociales y que sensibilicen al conjunto de la sociedad.

NO LEVANTAR LA MANO

Por Sumar, Rafael Cofiño advirtió de que “la historia demuestra que los procesos de degradación democrática nunca empiezan con la violencia extrema” y de que el “objetivo” como diputados debe ser “nunca levantar la mano para ejercer la violencia en ninguna de las situaciones” y de que “la única mano que se ha de levantar es para empuñar la Constitución, la ley y el voto para frenar el fascismo, la violencia y el odio”.

En el extremo opuesto, por Vox María de la Cabeza Ruiz criticó que la izquierda “utilice también a este colectivo para sus fines ideológicos cuando lo dejan tirado y abandonado para lo importante siempre y sin excepción” y comprometió su apoyo a “trabajar contra la discriminación y el maltrato siempre y si es contra la discriminación y el maltrato de este colectivo muchísimo más, lo que haga falta”, si bien aseveró que no lo hará “comprando el marco de la izquierda que decide quién es víctima o no en función de criterios absolutamente ideológicos y sectarios”.