La iniciativa pretende facilitar el acceso a la educación de las personas con dificultades específicas de aprendizaje (por ejemplo, dislexia, discalculia, disgrafia), según informó ese jueves la Comisión Europea.

Los organizadores muestran una especial preocupación por las diferentes definiciones de las dificultades de aprendizaje, los distintos métodos de detección y asistencia a las personas con dificultades específicas de aprendizaje que ofrecen los Estados miembro de la UE.

Así, piden a la Comisión Europea que presente una propuesta de directrices comunes sobre cómo detectar y afrontar las dificultades de aprendizaje, a fin de garantizar una mejor integración de las personas con estas dificultades en el sistema educativo, también en el ejercicio de su derecho a la libre circulación.

La iniciativa también invita al Ejecutivo comunitario a intervenir de forma significativa en la investigación sobre dificultades específicas de aprendizaje.

Puesto que la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) cumple las condiciones formales necesarias, la Comisión considera que es jurídicamente admisible. En esta fase, el Ejecutivo comunitario no ha analizado todavía el fondo de la propuesta.

PRÓXIMAS ETAPAS

Tras el registro, los organizadores disponen de seis meses para proceder a la recogida de firmas. Si una ICE consigue, en el plazo de un año, un millón de declaraciones de apoyo procedentes de al menos siete Estados miembro, la Comisión deberá reaccionar. Podrá dar curso o no a la solicitud, pero en ambos casos deberá motivar su decisión.