Los grupos de izquierdas que han apoyado la iniciativa transaccionaron sus respectivas enmiendas, que tenían un contenido similar, sintetizándolas en nueve. PP y Vox protestaron por la presentación en el último momento de estas nueve enmiendas transaccionales, pero la Mesa de la Comisión las dio el visto bueno con los tres votos a favor del PSOE y Sumar. La mayoría de la Comisión, con Junts per Catalunya y PNV del lado de la izquierda, tumbó las enmiendas del PP y Vox.

En el debate, María Jesús Moro, del PP, que no avanzó el sentido de su voto, recriminó el “giro histórico” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avalando el plan de autonomía de Marruecos para el Sahara. Recordó que el PSOE en su día se opuso a la concesión de la nacionalidad por carta de naturaleza y defendió que el PP se ha mantenido en esa posición de consenso y rigor jurídico. También criticó que un criterio para obtener la nacionalidad pueda ser presentar un carné de conducir español. Defendió acortar los plazos para el permiso de residencia, pero no por este procedimiento y “sin magia”.

Artemi Rallo, del PSOE, comenzó reprochando al PP su “arrogancia” al haber criticado esta ley, por su “reiterada vocación de estar en el lado oscuro de la historia”, por haber “jugado a confundir por oportunismo y tacticismo” y ser “insensibles a las causas justas”. Pero advirtió: “Nadie nos va a aguar la fiesta”.

Carlos Flores, por parte de Vox, expresó “cariño” y “solidaridad” por el pueblo saharaui “engañado por la comunidad internacional” y “traicionado incluso por España” al adoptar el actual Gobierno el plan marroquí. Sin embargo, reiteró su voto en contra por que el Ejecutivo “está regalando nacionalidades a paladas”, porque la carta de naturaleza se concede a un “interesado” individual por “circunstancias excepcionales”, no a un colectivo; porque desconfía de las garantías y las urgencias; por su efecto llamada y porque beneficia a Marruecos.

Enrique Santiago, de Sumar, recordó que ésta es una propuesta histórica de Izquierda Unida para paliar un poco la “deuda histórica” de España con el pueblo saharaui, después de la “ficción” de 1976 estableciendo un procedimiento para conservar la nacionalidad imposible en la práctica. Destacó que, además de la nacionalidad, se reducen a dos años el plazo para obtener los permisos de residencia y trabajo, como con otras nacionalidades vinculadas con España.

Por ERC, Álvaro Vidal estableció que con esta ley España reconoce una parte de su responsabilidad histórica, pero que sólo es una parte del camino y toca seguir reclamando la autodeterminación del pueblo saharaui. “Hoy hacemos un acto de justicia, pero es el mínimo común del imperativo que tenemos”, sintetizó.

Joan Pagès, de Junts per Catalunya, denunció que el Sahara fue siempre “maltratado” por España, y lo sigue siendo con la asunción de los intereses de Marruecos en línea con Estados Unidos y Francia y la impunidad de los ataques al Frente Polisario. Defendió una resolución negociada que acabe en un referéndum de autodeterminación, exactamente como para Cataluña, pero, al menos, aplaudió como una cuestión de justicia la concesión de la nacionalidad.

Jon Iñarritu, de EH Bildu, dijo que se da “un paso para reparar una injusticia” y “se da dignidad al pueblo saharaui”, que ”ha sufrido todo tipo de experiencias negativas”, ahora con presiones internacionales de Marruecos, y que debe decidir libremente su futuro. En nombre del PNV, Miguel Legarda se limitó a decir que es “un buen paso para salvar al menos en parte una responsabilidad histórica y una profunda deuda moral con el pueblo saharaui”

Finalmente, por Podemos, Martina Velarde defendió la ley recordando que Podemos ya la propuso la legislatura pasada y presentándola no como un “regalo” generoso sino como la “reparación de una deuda” y una “injusticia”. Una reparación que, subrayó, no se puede entender como moneda de cambio de negar a los saharauis la autodeterminación por servir a los intereses marroquíes.