“La legislación española —y en particular la Ley de Propiedad Horizontal, que regula la gestión de los edificios residenciales— no asegura mecanismos efectivos ni financiación suficiente para adaptar las viviendas existentes”, manifestó en su reclamación el Foro Europeo de la Discapacidad (European Disability Forum, EDF), lo cual “constituye una forma de discriminación indirecta, ya que impide a miles de ciudadanos disfrutar de una vida independiente y plenamente integrada en su comunidad”, señaló un comunicado del Consejo de Europa, que además indicó que "la resolución que declara admisible la reclamación fue adoptada el pasado 15 de octubre".

La reclamación, registrada el 6 de mayo de 2025 con el número 246/2025 y firmada por el presidente del EDF, Yannis Vardakastanis, fue admitida y solicitó al Comité que “declarara que la situación en España no se ajusta a los artículos 15§3, 16, 23, 30, 31 y E de la Carta Social Europea Revisada”, indicó el Consejo.

Estos artículos de La Carta hacen referencia al “derecho de las personas con discapacidad a la independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad; al derecho de la familia a la protección social, jurídica y económica; al derecho de las personas mayores a la protección social; al derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social; al derecho a la vivienda y a la no discriminación".

El citado comité adoptó en su 351ª sesión varias decisiones que reafirman” la preocupación por la protección de los derechos sociales en el continente”. Las resoluciones, que afectan a España, Francia y Suecia, abordan cuestiones como “la accesibilidad a la vivienda, la criminalización de la pobreza y el acceso a la atención sanitaria para migrantes vulnerables”, según informó el Consejo de Europa.

El CEDS insta en su resolución al “Gobierno de España a presentar sus observaciones sobre el fondo de la reclamación sobre la legislación en materia de vivienda antes del 15 de diciembre de 2025, así como al EDF “a presentar su respuesta a las observaciones del Gobierno dentro del plazo que el Comité determine”, comunicó el Consejo de Europa.

Asimismo, el CEDS “invita a las partes del protocolo y a los Estados que hayan formulado una declaración conforme al artículo D§2 de la Carta a comunicar, antes del 15 de diciembre de 2025, las observaciones que consideren oportunas”, concluyó el Consejo.

El CEDS está "compuesto de 15 miembros independientes e imparciales, elegidos por el Comité de Ministros del Consejo de Europa" por un período de 6 años, renovable una única vez y "tiene como función principal determinar si la legislación nacional y las prácticas en los Estados parte son o no son conformes con la Carta Social Europea", según informó el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

La reclamación colectiva contra España "fue presentada por el Foro Europeo de la Discapacidad a instancias del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)", ya que solo están legitimadas para hacerlo aquellas organizaciones sociales de ámbito europeo, informó el propio Cermi.

El objetivo del Cermi fue utilizar esta vía de litigación internacional para “mejorar la legislación y las políticas de vivienda en esferas críticas para las personas con discapacidad y personas mayores como la accesibilidad universal” y la reclamación se presentó “por no asegurar nuestro país el derecho a una vivienda adecuada en el caso de las personas con discapacidad”.