El nuevo texto, que consta de 36 artículos, adapta la regulación de la entidad pública a la Ley estatal 8/2021 y otros convenios internacionales que reflejan un avance en los derechos de las personas con discapacidad. La entrada en vigor de esta norma implicará la desaparición del concepto de incapacidad y de la figura de la tutela y la creación de un nuevo marco legal para la Amapad, adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Ossorio dijo que se centrará en el respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas adultas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, en la promoción de su participación en la toma de decisiones y en su máxima autonomía personal.

La nueva agencia tendrá como principales fines la defensa judicial de los residentes en la región a los que se haya iniciado un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo; y el ejercicio inexcusable de la curatela ­–figura legal que se define como la medida de atención a una persona que no cuenta con plena capacidad y requiere de asistencia continuada-.

También se encargará del desarrollo de actuaciones para que puedan ejercer su personalidad jurídica con el alcance que determine la autoridad judicial o el propio interesado en escritura pública; y la adopción de medidas de carácter urgente en los casos que lo requieran. Asimismo, se fomentará la integración y normalización de las personas a las que se preste atención y la información y comunicación a la ciudadanía sobre el nuevo sistema de apoyos.

Entre las novedades que se incorporan para avanzar en su bienestar y sus derechos está la creación de un comité de ética propio, el establecimiento de códigos de buenas prácticas y de buen gobierno o la constitución de una comisión específica para la participación de las personas con discapacidad apoyadas por la citada agencia.

La norma, cuyo trámite de audiencia e información pública incluyó por primera vez una versión en lectura fácil para su mejor comprensión por parte de los madrileños con discapacidad intelectual y del desarrollo o dificultades de comprensión lectora, se enviará ahora a la Asamblea de Madrid para su tramitación legislativa.