Así lo destacó este lunes la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, durante la clausura del acto del 30º aniversario de la Fundación Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (Irma).

Este organismo administra el Sistema de Solución Autónoma de Conflictos Laborales, cuya labor reivindicó Albert como muestra de “un diálogo social útil, orientado a resultados, que respeta la autonomía de los interlocutores sociales para construir soluciones adaptadas a cada sector”.

La Fundación reúne en su Patronato a Administración autonómica, organizaciones empresariales y sindicatos, ofreciendo procedimientos gratuitos y voluntarios para resolver discrepancias.

Sus actuaciones abordan diferencias sobre vacaciones, salarios, permisos, interpretación de convenios o bloqueos en la negociación colectiva, materias que se ampliarán en los próximos años con los retos de la digitalización, el teletrabajo o el cambio demográfico.

En 2025, el sistema benefició a más de 505.000 trabajadores y más de 20.000 empresas, balance que “refuerza el compromiso del Gobierno regional con un modelo de relaciones laborales basado en la negociación y el entendimiento, aportando seguridad jurídica y paz social a la economía madrileña”.