Está previsto que la Renta de Emancipación, la ayuda de 210 euros al mes para alquiler para jóvenes de entre 22 y 30 años, entre en vigor el 1 de enero. A partir de entonces, los jóvenes que cumplan los requisitos podrán solicitar la ayuda, que se empezaría a cobrar en un plazo máximo de dos meses, según recoge el real decreto que regula esta prestación.

Las comunidades autónomas, según se acordó en Conferencia Sectorial, se encargarán de resolver las solicitudes, trasladar su decisión al Ejecutivo central que será el encargado de ejecutar el pago si la resolución es favorable.

Así, las ayudas que se soliciten a primeros de enero deberían cobrarse a principios de marzo.

PLAZOS INVIABLES

Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid se critican estos plazos, a los que se consideran "inviables" y fruto de las prisas preelectorales. "Sin las elecciones de marzo, hubiera sido de otra forma", indicó la consejera de Vivienda madrileña.

Mariño, en un encuentro con periodistas, explicó que Chacón "ha generado las expectativas de que a partir del 1 de enero se puede cobrar la ayuda y no es así", aunque reiteró que "no voy a poner ninguna pega para que nadie cobre la ayuda".

Para que las comunidades autoricen el cobro de la ayuda han de cotejar información con distintos organismos como son el Catastro, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

"Somos los gestores de unas informaciones que no son nuestras", indicó Mariño, quien comentó que el actual sistema hace que las comunidades pidan información al Estado, la cotejen y se la envíen al Gobierno central.

Para llevar esto a cabo, el Ministerio ha diseñado una herramienta informática, que desde la Consejería madrileña dicen no está terminada a menos de un mes de la entrada en vigor de las ayudas y que es incompatible con los sistemas que utilizan, no sólo la comunidad madrileña, sino otros regiones españolas.

Ministerio y Consejería tienen previsto reunirse el próximo día 13 de diciembre en Comisión Bilateral. En dicho encuentro, Mariño propondrá un texto alternativo al convenio para la gestión conjunta de la Renta diferente al que Chacón ha firmado con el resto de comunidades.

El convenio madrileño cambia la estructura administrativa de la ayuda, en concreto en plazos y forma de tramitación, para matizar que se pagarán los 210 euros cuando se complete el cotejo de información, proceso que puede durar más de dos meses.

Mariño apuntó, además, los costes que tendrá para la Consejería encargarse de la tramitación de las ayudas (plantilla, formación...), e indicó que este aspecto también se contempla en el convenio alternativo.

COMPETENCIAS

Por otra parte, Mariño se refirió al Requerimiento de Incompetencia que las comunidades autónomas gobernadas por el PP presentarán ante el Ministerio de la Presidencia en relación a esta ayuda.

"No se pueden modificar las competencias de las comunidades autónomas, que es lo que se ha hecho", lamentó.

En concreto, en el requerimiento se solicita que se territorialicen los fondos de la Renta Básica de Emancipación para que las comunidades dejen deser sólo "los gestores de la ayuda".

La consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid señaló que si Presidencia rechaza el Requerimiento, la siguiente instancia es el Tribunal Constitucional. En todo caso, este proceso no interferirá en el desarrollo de la ayuda.

JUZGADOS

Mariño también habló del anuncio realizado por la ministra de Vivienda de que seis de los diez juzgados que está previsto poner en marcha para agilizar los desahucios el 1 de enero se localizarán en Madrid.

La consejera indicó que "toda la estructura administrativa" de esos juzgados depende de el Gobierno regional y que aún no se han firmado ningún acuerdo sobre ellos Ministerio de Justicia y Comunidad de Madrid.