Así lo anunció hoy el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, tras la reunión del Consejo de Gobierno. González dijo que los servicios jurídicos del Gobierno regional presentarán el requerimiento en los próximos días.

El Gobierno de Esperanza Aguirre considera que, con el decreto de la renta de emancipación, el Ministerio de Vivienda pretende arrebatar a la Comunidad sus legítimas competencias en vivienda.

A pesar de ello, González garantizó que el Gobierno regional no solicitará la suspensión de las ayudas, que entran en vigor en enero próximo, para no perjudicar a los ciudadanos madrileños.

El Ejecutivo regional considera que el Ministerio no tiene facultad para efectuar el pago directo de las ayudas, ya que éste se debe realizar a través de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, aseguran que el Ministerio no puede atribuirse la competencia de autorizar el pago de las ayudas ni obligar a las comunidades autónomas a comunicar los cambios sufridos por los beneficiarios de las mismas.

Además, el Gobierno regional cree que el Gobierno central no tiene capacidad para ordenar la creación de ventanillas únicas de gestión ni decidir si la renta básica de emancipación es compatible con otras ayudas o deducciones regionales, tal y como se establece en el real decreto.

Por último, la Comunidad de Madrid basa su requerimiento de incompetencia en el argumento de que el Ministerio de Vivienda no es competente para firmar convenios de colaboración con entidades de crédito, ni establecer requisitos adicionales para la concesión de las ayudas.