Diego López Garrido compareció ante los medios de comunicación, junto al abogado del partido José Manuel Gómez Benítez, para anunciar que recurrirán ante el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid la inadmisión a trámite de su querella contra los diputados Eduardo Tamayo y eresa Sáez.

Pese a reiterar su respeto por las resoluciones judiciales, López Garrido argumentó su disensión con este auto en las "serias insuficiencias de su argumentación" ya que precisamente la jurisprudencia que cita entre sus fundamentos de derecho es la que los socialistas consideran como base de su reclamación.

Recuerdan que presentaron la querella precisamente para que los tribunales prueben la comisión de esos supuestos hechos delictivos de los que ellos aportan indicios. Consideran por llo contradictorio que se les niegue la investigación alegando que no hay pruebas de delito.

El letrado recordó que uno de los fundamentos del auto es la inexistencia de un precio a cambio de la conducta de los diputados. "Eso es precisamente lo que queremos que los tribunales aclaren. Si nosotros tuviéramos un vídeo entregando un maletín a los diputados no estaríamos ante una querella ante un Tribunal Superior de Justicia sino, probablemente, ante un juicio rápido".

"Se equivoca quien cree que e cohecho y la corrupción consisten exclusivamente en la entrega de un maletín de dinero. La promesa de obtención de beneficios económicos vinculados a negocios urbanísticos o de cualquier otra naturaleza es ya una promesa de enriquecimiento injusto a cambio de un acto igualmente injusto realizado por los diputados querellados", argumentó.

Por ello, explicaron que en el recurso aportarán nuevos datos con los que esperan poder convencer a la mayoría de la Sala de la existencia de indicios racionales de riminalidad por parte de ambos diputados. En caso de que el recurso fuera denegado, recurrirían en amparo al Constitucional.

Ambos insistieron, además, en que este auto no es el final de la investigación, sino todo lo contrario, ya que reitera la necesidad de proseguir diligencias.

Los socialistas han presentado por ello simultáneamente una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que inicie esas diligencias, y lo haga inmediatamente para evitar la destrucción de pruebas.

López Garrido idió al fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que deje de "obstruir" la investigación, y el letrado explicó que a los miembros que habían tomado las decisiones previas sobre esta querella se sumó otro más que ha decidido sobre la admisión a trámite de la querella, sin que se hubiera informado de ello a las partes.

En todo caso, Diego López Garrido distinguió con claridad las dos "derivaciones" de este caso, la judicial y la política, y sentenció que sobre el PP pesan "responsabilidades políticas erias al margen de lo que suceda en los tribunales" porque sus militantes y dirigentes aparecen en muchos flecos de la trama.

El PP, afirmó, "tiene que explicar su implicación, disipar las fundadas sospechas de implicación en un asunto del que se ha beneficiado, sea cual sea la decisión de los tribunales". Este auto, añadió, no elimina su obligación de responder por la cadena de coincidencias entre los tránsfugas y algunos de sus miembros.