La consejera de Transportes e Infraestructuras, María Dolores de Cospedal, explicó que el Estado fundamenta su petición en que estas dos vías eran competencia estatal, por lo que la Administración regional no podía acometer ambas obras.

No obstante, señaló que el Consejo de Gobierno no comparte este requerimiento porque "no es ajustado a derecho", ya que la Comunidad de Madrid tiene "competencias exclusivas" en aquellas carreteras que discurran por el territorio regional, "como recoge el Estatuto de Autonomía".

Afirmó que, "a menos que el Estado declare expresamente el interés general de esas carreteras no se pueden considerar que son estatales" y que el Consejo de Gobierno "ha acordado que el interés de la Comunidad de Madrid en esas carreteras no tiene que ser opuesto a un interés general y sí coincidente,como pasa en otras muchas carreteras".

Tras destacar que "no existe una declaración formal de interés general de estos proyectos, ni una clara voluntad de ejecutarlos por parte del Estado", ofreció al Ministerio de Fomento la posibilidad de "articular medidas para que ambas administraciones lleguen a un acuerdo".

Cospedal se mostró dispuesta a que ambas vías en litigio pasen a ser de titularizad estatal, "siempre que no se paralicen ni demoren los procedimientos ya iniciados por la Comunidad de Madrid, que, a su juicio, están "más avanzados que los eventuales que intentará iniciar el Estado".

Asimismo señaló que si el Estado paralizara estos proyectos se produciría un perjuicio para los madrileños.