"Este preacuerdo contempla un incremento del 2,5% para cada uno de los dos años. En el caso de 2024, se aplicará al personal docente en pago delegado -cuyas tablas estaban pendientes-, mientras que para 2025 afectará a la totalidad de los trabajadores del sector", indicaron en un comunicado.

El preacuerdo incluye, además, medidas para "compensar los desvíos en las tablas derivados del importante incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), especialmente en las categorías del personal de administración y servicios con retribuciones más bajas".

Las organizaciones patronales subrayaron la importancia de garantizar condiciones laborales adecuadas para todos los profesionales de los centros educativos concertados, incluido el personal de administración y servicios (PAS), cuya labor resulta esencial para el correcto funcionamiento de los centros.

Al mismo tiempo, recordaron que los centros concertados tienen limitaciones como que "dependen de una financiación pública tasada a través de los deficitarios módulos de conciertos"; "carecen de capacidad autónoma para repercutir incrementos estructurales de costes en los ingresos" y que operan "con márgenes económicos ajustados y con obligaciones legales específicas en materia de personal".

En este contexto las patronales de la educación concertada insistieron en la urgencia de que se constituya, "de forma inmediata", en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, la comisión para el estudio de la cuantía de los módulos de concierto, "con el fin de evaluar el coste real de las enseñanzas en condiciones de gratuidad e incorporar sus conclusiones a un plan de incremento del gasto público conforme a la legislación vigente".

"La enseñanza concertada presta un servicio público esencial y cualquier reforma estructural debe abordarse con realismo económico y con el respaldo financiero adecuado", concluyeron.