La magistrada expone en la sentencia que el exregidor tenía conocimiento del mandato judicial concreto del Tribunal Constitucional (TC) que exigía "abstenerse" de tramitar cualquier acuerdo o actuación que permitiera la celebración del referéndum.

Asimismo, considera que es un acto "frontalmente contrario" al mandato del TC, el decreto de alcaldía de 29 septiembre donde se afirmaba que la celebración del referéndum del 1-O debía hacer uso de las instalaciones municipales mediante el cual, el exalcalde revocaba durante tres días (29 y 30 septiembre y 1 de octubre) las competencias delegadas a tres regidores "para eximir de responsabilidades" a aquellos que tenían competencias en gestión de instalaciones municipales.