Carlos-Luis Iglesias, que ha sido condenado también a cuatro años de pérdida de la posibilidad de subvenciones o ayudas públicas y al derecho de gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, deberá indemnizar además a la Hacienda Pública en la cantidad de 19.624.655 euros, incrementada con los intereses de demora. De dicha cantidad, deberá responder subsidiariamente Rolimpa Trading Corporation.

En la resolución, los magistrados consideran que “de los informes periciales queda acreditado que Rolimpa Trading Corporation debía haber declarado a la Agencia Tributaria española por el impuesto sobre sociedades, los beneficios obtenidos con la venta de los terreno”, así como que “la falta de declaración e ingreso supuso un fraude a la Hacienda Pública de 19.624.655,16 euros”, cantidad que “supuso un beneficio económico ilícito para Carlos-Luis Iglesias, en cuyo patrimonio ingresó”. Contra esta resolución cabe presentar recurso de casación ante la propia Audiencia de Madrid.