ELA
ConELA advierte que la 'Ley ELA' aún no garantiza una atención igualitaria dos años después de su aprobación
El texto se ha copiado correctamente en el portapapeles
ConELA advirtió este viernes de que, dos años después de la aprobación de la 'Ley ELA', las personas afectadas siguen encontrándose con diferencias en el acceso a los derechos reconocidos por la norma en función de la comunidad autónoma en la que residan. Denunció diferencias en los procedimientos y tiempos de respuesta mientras el Gobierno aseguró que el 81% de los mandatos de la norma ya están completados.
La Confederación Nacional de Entidades de ELA (ConELA) celebró este viernes en la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados un encuentro institucional con motivo del segundo aniversario de la aprobación de la 'Ley ELA', bajo el lema 'Del derecho reconocido al derecho efectivo'. En el mismo estuvieron presentes representantes de los principales partidos políticos, enfermos y miembros y especialistas del movimiento de la discapacidad.
El presidente de ConELA, José Jiménez Zaragoza, denunció que existen "diferencias importantes en los procedimientos, en los criterios de aplicación y en los tiempos de respuesta" entre territorios, una situación que provoca que personas con la misma enfermedad y necesidades similares "reciban respuestas distintas de las administraciones".
Jiménez presentó el último Informe Técnico sobre la implementación de la 'Ley ELA' en las comunidades autónomas, un documento que analiza "los avances y las desigualdades territoriales" que persisten en su aplicación.
"Continuamos teniendo una atención diferente dependiendo de nuestro código postal", afirmó durante la apertura del encuentro. Jiménez recordó que la norma, aprobada el 30 de octubre de 2024, fue fruto de años de reivindicación y de un consenso político que consideró "necesario preservar". Sin embargo, subrayó que su objetivo final más allá de la ley es "conseguir que ninguna persona con ELA carezca de los recursos necesarios para recibir los cuidados que necesita".
También reclamó que todas las personas que cumplan los requisitos reciban "con la rapidez necesaria los apoyos y los cuidados que les corresponden", independientemente de su lugar de residencia.
"No puede haber 17 maneras diferentes de entender la dignidad de una persona con ELA", señaló. A su juicio, aunque las comunidades autónomas puedan mantener procedimientos y modelos organizativos propios, el resultado debe ser el mismo en todo el territorio.
El presidente de ConELA insistió en que "no se trata de buscar culpables, sino de identificar las dificultades, corregir los problemas existentes y asumir conjuntamente la responsabilidad de encontrar soluciones". También pidió a los representantes políticos presentes en la sala que "mantengan el consenso que permitió aprobar la ley" y eviten que las diferencias políticas o las dificultades administrativas "frenen su aplicación".
81% DE MANDATOS COMPLETADOS
Por su parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, aseguró que el 100% de los mandatos recogidos en la 'Ley ELA' están iniciados y que el 81% se encuentran completamente terminados, mientras que el resto corresponde a actuaciones técnicamente más complejas.
Martín Blanco afirmó que la norma cuenta con una financiación de 500 millones de euros para su despliegue y destacó la creación del grado 3 plus en el sistema de dependencia, que contempla una prestación cercana a los 10.000 euros mensuales para pacientes con enfermedad avanzada.
Según los datos facilitados por Martín Blanco, 737 personas tienen reconocido este grado de dependencia intensa y el 40% ya percibe la prestación correspondiente. Asimismo, aseguró que las personas con ELA tienen "garantizada la prioridad de acceso" y que no existen pacientes de esta enfermedad "en listas de espera para la valoración de la discapacidad o el acceso a las prestaciones de dependencia".
Este grado es una categoría creada para responder a las necesidades de apoyo de los pacientes con enfermedad avanzada. Según indicó Martín Blanco, el 40% de ellas ya percibe una prestación cercana a los 10.000 euros mensuales para contribuir a sufragar los cuidados y apoyos que necesitan durante las 24 horas del día.
El director general calificó esta ley un ejercicio claro de constitucionalismo y explicó que había una deuda con las personas con discapacidad y con grandes necesidades de apoyo. En este sentido aseguró que el objetivo del ministerio marcado en las dos últimas legislaturas fue "que se escuchen las voces" de los enfermos y se "respeten". "Vuestras vidas precisan certeza, financiación y recursos", afirmó
CENTROS DE REFERENCIA
Martín Blanco también anunció que los dos centros estatales de referencia especializados en ELA, previstos en Oviedo y Cáceres, estarán operativos durante el primer trimestre de 2027. Ambos centros, explicó, "permitirán desarrollar modelos de atención especializada" que puedan trasladarse posteriormente a otros territorios. Martín reconoció además el papel de las comunidades autónomas y de las asociaciones de pacientes en la aplicación de la ley.
El informe señala que las diferencias entre comunidades también afectan a las cuantías que reciben los beneficiarios, debido a la "aplicación de copagos y minoraciones" en algunas autonomías. Aunque doce comunidades ya no aplican estas deducciones, todavía existen territorios donde las ayudas se reducen en función de los ingresos. ConELA reclamó su eliminación y defendió que los cuidados que necesitan las personas con ELA avanzada "tienen carácter sanitario y deben garantizarse sin copagos".
La organización también denunció las dificultades económicas derivadas de los retrasos en el abono de las prestaciones. Según explicó su presidente, siete comunidades adelantan el pago, mientras que otras lo realizan una vez transcurrido el periodo correspondiente a la prestación.
Otro de los problemas identificados es "la falta de formación especializada para los profesionales que atienden a personas con ELA avanzada". El informe advierte de que los cuidadores necesitan preparación para realizar tareas complejas, como el manejo de la ventilación mecánica, la aspiración de secreciones o las sondas de alimentación. ConELA reclama un periodo transitorio que "permita formar a los profesionales que ya trabajan con las familias sin interrumpir los cuidados".
En relación con la suficiencia económica de las prestaciones, la confederación informó de que que La Rioja, Navarra y Cataluña han incrementado las cuantías de las ayudas y reclamó compatibilizar estas prestaciones con otras ayudas, especialmente la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, para "evitar que las familias pierdan recursos cuando necesitan más de un cuidador".
PRESTACIÓN POR FISIOTERAPIA
Jiménez hizo hincapié además en que ninguna comunidad autónoma ha puesto en marcha la prestación de fisioterapia contemplada en la ley. Según ConELA, esta situación supuso un coste de 1,17 millones de euros para las asociaciones durante el pasado ejercicio, sin incluir los datos de Madrid, Castilla y León y Cataluña, que ya ofrecían previamente dos sesiones semanales.
Recordó que, desde la aprobación de la ley, han fallecido aproximadamente 2.000 personas con ELA que no han podido beneficiarse plenamente de los derechos reconocidos. La organización consideró que "el tiempo es el principal enemigo de los afectados" y reclamó que "la aplicación de la norma se acelere".
Como conclusión, Jiménez resumió tres grandes desafíos para el desarrollo de la ley: rapidez, suficiencia e igualdad. La entidad reclamó que las ayudas lleguen a tiempo y aseguró que continuará trabajando con las administraciones para que los derechos reconocidos se traduzcan en cuidados efectivos, seguridad y calidad de vida para las personas con ELA.
(SERVIMEDIA)
13 Nov 2026
EDU/clc/gja
