Así lo dijo en una entrevista en Servimedia donde reconoció que la CEE también puede hacer aportaciones para, por ejemplo, un pacto educativo o la protección de familias vulnerables y no sólo para asuntos relacionados con la institución como las inmatriculaciones de bienes inmuebles.

“Desearíamos ampliar” ese diálogo “a la hora de iniciativas legislativas que no son solamente de interés para la Iglesia, que son de interés social”, subrayó, en referencia al pacto educativo, destacando que cambiar la ley cada pocos años “vuelve locos a todos”.

Los obispos también quieren hablar con el Ejecutivo sobre el cuidado de las familias, sobre todo de aquellas "que tienen especial necesidad de esa protección". "Sea por el número de hijos, sea porque hay algún miembro de la familia que tiene una discapacidad y que necesita un apoyo”, concretó.

“Evidentemente eso no es querer sustraer al poder legislativo su tarea constitucional de realizar leyes, pero en una democracia abierta, madura y consolidada no se trata solamente de ir cada cuatro años a una urna depositar una papeleta, sino precisamente eso que se llama ahora la sociedad civil, ese diálogo con la sociedad civil, con los distintos implicados en un tema", dijo.

A su juicio, "es bueno, es necesario, que el poder legislativo escuche y recoja las sugerencias puesto que en esas leyes tocan aspectos fundamentales de la persona humana” e incluso tocan cuestiones como la libertad religiosa.

CAMPAÑA ELECTORAL

En este punto, García Magán reconoció que los temas relacionados con la Iglesia suelen ser habituales ante las elecciones. “En campañas electorales se dicen bastantes cosas que no se cumplen. Hay una formación política que es raro que no agite los acuerdos Iglesia-Estado y luego, al llegar al Gobierno, no ha abierto” el tema, señaló.

En este sentido, recordó que la normativa blinda la relación de la Iglesia con el Estado y el Ejecutivo, pues está recogido por el artículo 16 de la Constitución, en los acuerdos con la Santa Sede de 1979 y hasta por la Declaración de los Derechos Humanos (artículo 18), rubricada por España.

Para el portavoz de la CEE, “hay temas tan trascendentales que no deberían ser moneda de batalla de una campaña electoral". "El primer derecho fundamental de una persona es el derecho a la vida”, zanjó, en referencia a la polémica suscitada en Castilla y León por el aborto e instando a la acogida de migrantes y refugiados.