Los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Eixample, Sant Martí y Gràcia se sitúan por encima de la media de la ciudad a la hora de considerar los problemas de tráfico como uno de los temas que más intranquilizan a los barceloneses.

De hecho, mientras en Sarrià-Sant Gervasi uno de cada diez encuestados lo considera como el principal inconveniente, ésta cifra se sitúa en el 6% en el resto de los distritos mencionados, con una media en la ciudad de un 5,5%.

Más del 55% de los vecinos encuestados de Sarria-Sant Gervasi, Les Corts, Sant Andreu, Sant Martí, Horta-Guinardó y Nou Barris declaran que como mínimo poseen un coche particular en sus casas, siendo Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuïc y Gràcia los distritos que mayor resultado dan a la hora de responder que no quieren o no necesitan vehículo. Los residentes de Ciutat Vella (21%) y Nou Barris (19%) son los que más afirman que directamente no podrían permitírselo.

PLAN DE MOVILIDAD

La creciente preocupación por los problemas que genera la congestión del tráfico se produce pese a las medidas que el gobierno municipal que dirige Ada Colau está aplicando con motivo del Plan de Movilidad Urbana (PMU) que aprobó el Ayuntamiento en 2020.

El plan establece que, hasta el 2024, el 81,5% de los desplazamientos en la ciudad se hagan a pie, en transporte público o en bicicleta. Entre las acciones más destacadas, que el Consistorio ya está aplicando, figuran la transformación de 32 kilómetros de calles para peatones, añadir 67 kilómetros de carril bus, implantar la velocidad de 30 km/h en toda la ciudad (excepto en las vías de conectividad) o incrementar la red actual de carriles bici en un 40%, con el objetivo de reducir el uso del coche.

A la solución de los problemas de congestión que manifiestan los ciudadanos parece que tampoco ha contribuido la apertura del túnel de les Glòries, ya que desde su inauguración en abril de este año no ha logrado acabar con los atascos en la zona.

Otra de las soluciones para faciltar la movilidad puesta en marcha por el Ayuntamiento, como son los superilles, también ha generado polémica en algunos sectores.

A pesar de que el gobierno municipal defendía las virtudes de este modelo urbanístico que quería implementar en varios puntos estratégicos de la ciudad, con una inversión dotada con 38 millones de euros, no ha contentado a todos.

Uno de los proyectos que más polémica ha generado ha sido el de la superilla de l’Eixample después de que se reprodujese el modelo de la superilla de Poblenou. Los comerciantes de dos de los principales ejes comerciales de Sant Antoni afectados por la supereilla en el barrio llegaron a denunciar que sufrían varios problemas de movilidad y limpieza e incluso que registraban un descenso de las ventas, según indicaron en una encuesta realizada por Barcelona Oberta.

En este sentido, Foment del Treball llegó a estimar que las superilles podrían llegar a provocar una caída del 20% en la facturación del comercio y la restauración y una pérdida mínima de 25.000 empleos.

A las superilles, también se ha sumado la implementación de forma temporal el conocido como “urbanismo táctico”, una serie de actuaciones que también han provocado diversidad de opiniones entre los barceloneses. Los cojines berlineses (baches), los bloques de hormigón o los dibujos multicolores en el suelo han sido motivo de discusión entre los vecinos e incluso ha sembrado discordia en el seno del gobierno, puesto que los socialistas no comparten el modelo aplicado por los comunes. Tampoco reciben el visto bueno de algunos arquitectos y urbanistas que ven improvisación en algunas medidas y no comparten los criterios aplicados.

El exconcejal del PSC y arquitecto Daniel Mòdol, llegó a criticar la confusión que, a su juicio, ha generado el consistorio al asociar la pacificación de calles y la seguridad, con la expulsión indiscriminada de los vehículos privados en zonas que no están consolidadas urbanísticamente, señalando que la superilla “es más un ejercicio de marketing político que una realidad urbanística o un problema técnico”.

Estas críticas motivaron que la concejal Janet Sanz tuviera que votar a favor de retirar los bloques de hormigón tras una enorme presión por parte de algunos colectivos motoristas, ciudadanos y los partidos de la oposición tras fallecer un motorista al chocar contra uno de estos bloques de hormigón, conocidos como ‘New Jersey’, de una terraza en la calle Balmes a mediados de diciembre.

La Guardia Urbana elaboró dos informes para llevar a cabo la investigación del caso donde señalaba que “de la totalidad de usuarios de la vía únicamente se detecta un posible incremento de riesgo para los usuarios de motocicletas asociado a una situación de impacto con las aristas verticales de los bloques de hormigón”. Otro informe indicaba que “la colocación de elementos robustos no es una buena solución dado que en caso de salida de la vía algunos vehículos, los golpes pueden ser muy lesivos”.

La cuestión alcanzó a los tribunales, siendo investigado en primer lugar por la fiscalía para discernir si suponía un peligro para la seguridad vial, aunque acabó siendo archivado, si bien la arquitecta Benedetta Tagliabue sostiene que "si el urbanismo táctico supone tantas barreras, es que no está bien diseñado. Es un error"