La toma en consideración de la iniciativa contó con 169 votos a favor, uno en contra y 177 abstenciones, por lo que será tramitada. Desde la tribuna de oradores solo expresaron claramente su apoyo los portavoces de Sumar, PNV y Coalición Canaria, además del Grupo Socialista, impulsor de la propuesta.

Actualmente, la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial cataloga esa infracción como grave y la sanción es de 200 euros, que baja a 100 euros por pronto pago. El PSOE pretende cambiar la ley para que los conductores hagan un "buen uso” de las zonas de estacionamiento reservadas a las personas con discapacidad.

La iniciativa señala que las personas con discapacidad que tienen reducida su movilidad se enfrentan a "serios problemas en sus desplazamientos debido a las dificultades que encuentran a la hora de aparcar cerca de sus lugares de destino".

"Ello se debe a la escasez de plazas de estacionamiento reservadas, pero también influye el mal uso que se hace de ellas por parte de otras personas usuarias, que las ocupan sin estar autorizadas para ello, incurriendo en comportamientos especialmente insolidarios y reprochables", apunta el texto.

Las policías locales pueden denunciar esas infracciones con la consideración de infracción grave (200 euros de multa, que puede reducirse a la mitad por pronto pago). "La experiencia viene demostrando que esta sanción no resulta en absoluto disuasoria", indica la proposición de ley.

En este sentido, el texto recalca que hay "muchas" peticiones de personas particulares y de organizaciones, entre ellas el Cermi (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), que "claman por la agravación de esta infracción concreta y, en consecuencia, por el aumento de la sanción que lleva aparejada".

“MÁS DIGNIDAD”

Olvido de la Rosa, del PSOE, defendió que la proposición de ley es “justa, humana, sencilla, pero profundamente necesaria”, y “permitirá a las personas con discapacidad y a sus familias vivir con más dignidad”.

Daniel Pérez, del PP, comentó que la propuesta, “aunque necesaria, es insuficiente” porque “habla de sanciones y no de soluciones”. “Lo que cambia la vida de todos son las medidas que previenen, que facilitan y que eliminan obstáculos. Endurecer la ley tiene un efecto disuasorio inicial, pero sin control, sin accesibilidad real y sin vigilancia efectiva todo seguirá igual. El problema de fondo es la falta de concienciación, la escasez y el deficiente diseño de muchas plazas”, explicó.

Por su parte, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, apuntó que el objetivo de la propuesta es “aumentar la cantidad de las multas por aparcar indebidamente en las plazas reservadas a personas con movilidad reducida”, lo cual consideró “de una insolidaridad y de un egoísmo inadmisible”.

Lander Martínez, de Sumar, comentó que la proposición de ley pretende “mandar un mensaje inequívoco: quien ocupa una plaza PMR [para personas con movilidad reducida] sin autorización comete una conducta especialmente insolidaria que la sociedad ya no tolera”, pero apostó por mejorar la iniciativa para que la recaudación de las multas tenga “un destino finalista”, es decir, que un porcentaje se destine a “accesibilidad universal” para las personas con discapacidad.

MÁS PLAZAS

Inés Granollers, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), criticó la forma elegida por el Grupo Socialista porque, a su entender, bastaba con “una simple enmienda” en la Ley de Movilidad Sostenible.

Marta Madrenas, de Junts, consideró que la iniciativa es “profundamente incompleta” porque el principal problema es la falta de plazas, de coordinación entre administraciones y la “enorme dificultad” de los ayuntamientos para controlar el cumplimiento de la norma.

Nerea Renteria, del PNV, calificó de “razonable” que la multa se eleve de 200 a 500 euros para “reducir los comportamientos irrespetuosos”, pero coincidió con Madrenas en que hay un “déficit estructural de plazas reservadas” y una falta de control en muchos municipios.

Y Cristina Valido, de Coalición Canaria, comentó que subir la cuantía de la multa “puede que tenga algún efecto disuasorio” y reclamó “ir un paso más allá: que la recaudación de estas sanciones tenga objeto finalista”.