En un inicio, el Congreso aprobó la norma con la mayoría de investidura de Pedro Sánchez, incluido Junts, y fue rechazado por PP y Vox. Eso sí, los ‘populares’ apostaron, en el Senado, por intentar “mejorar” el texto e incorporar más de 40 enmiendas con la mayoría absoluta de la que gozan en la Cámara Alta.

Este jueves se produjo en el Congreso la votación de las enmiendas del Senado y la mayoría se rechazaron, aunque se aprobó algún cambio terminológico y permitir que las cooperativas de servicios puedan realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios hasta un 50 % de la actividad total de la cooperativa. Al debate y votación en el Congreso asistió una nutrida representación de entidades de la economía social, del tercer sector de acción social y de la discapacidad.

BIEN COMÚN

En el debate en el Congreso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, puso en valor que la economía social da empleo a más de 2,5 millones de personas en España y alabó su labor para “democratizar” y “humanizar” la economía.

Díaz, que dio las gracias por sus aportaciones al tejido asociativo de la economía social, encabezado por la patronal Cepes, proclamó que con esta norma “damos una lección a la ciudadanía, diciendo que podemos seguir trabajando por el bien común”.

En su alocución, Díaz sentenció que las fuerzas políticas que han apoyado la norma “han hecho algo muy hermoso”, que es” en momentos de ruido, hacer que el valor democrático de las Cámaras, del Congreso y del Senado, sirva para mejorar la vida de la gente”.

“Hoy hemos demostrado, tras un año y medio, que, a pesar de las diferencias políticas, somos capaces de ponernos de acuerdo en tres normas con una ley integral”, celebró la vicepresidenta segunda, quien exhibió el interés de la economía social al explicar que en el Congreso se presentaron doscientas enmiendas y 67 en el Senado.

PP Y VOX, EN CONTRA

Por su parte, la diputada del PP Violante Tomás dejó claro que esta ley no cuenta con su apoyo, ya que “pierden” las cooperativas y los ciudadanos. Al mismo tiempo, declaró que es “una oportunidad perdida” para fortalecer la economía social, de la que dijo que este tejido productivo “no es un eslogan ni un instrumento ideológico”, sino que es empleo, inclusión, desarrollo y “una oportunidad real para miles de personas en nuestro país que no pueden permitirse leyes mal hechas”.

“Cuando la prioridad es la aritmética parlamentaria y no el interés general, el resultado siempre es el mismo: leyes confusas, incoherentes, que generan inseguridad jurídica y que acaban pagando quienes trabajan cada día en este país”, cargó Tomás. En contraposición, defendió las 44 enmiendas incorporadas por el PP en el Senado, porque corrigen carencias que, a su parecer, tiene la ley.

Contra el texto también se expresó el diputado de Vox Juan José Aizcorbe, quien elogió los propósitos de la economía social y de sus entidades representativas, pero aclaró que no es un “bloque homogéneo”, pese a que “conviven realidades distintas”. A su juicio, conviene no añadir burocracia y apuntó que “el Estado debe ayudar y acompañar, pero no sustituir ni dirigir”.

IMPULSADA Y PROTEGIDA

A favor del texto se manifestó la diputada socialista Marta Trenzano, quien elogió la economía social, su peso en el tejido productivo y su potencia en los ámbitos rurales, frente “a la lógica de la deslocalización y la especulación”. Asimismo, subrayó que representa “una herramienta clave para los grandes retos de nuestro tiempo”, por lo que “no es casualidad” que resista mejor las situaciones de crisis.

Dicho esto, Trenzano cargó contra las enmiendas incorporadas por el PP, ya que la economía social “no necesita ser corregida desde parámetros que le son ajenos, sino que precisa de ser reconocida, impulsada y protegida”.

Por su parte, el diputado de Junts Josep Maria Cervera destacó la necesidad de “revertir la invasión competencial” que sufre Cataluña, por lo que apostó por mantener el acuerdo con el Gobierno con esta ley. “Por mucho que se esfuercen, nosotros dejamos claro que no somos ni de unos ni de los otros. Nuestro bloque es Cataluña”, aseveró. Además, aprovechó para criticar a Yolanda Díaz por suscribir acuerdos que no cumple y espetó que “este Gobierno no es de fiar”.

Podemos también expresó su apoyo al texto y el rechazo a enmiendas que vienen a “descafeinarlo”, igual que Esquerra Republicana, que dio un “no rotundo” a las enmiendas del PP, a las que criticó por intentar retroceder y recentralizar.

CONTENIDOS

La Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES) consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.

La ley potencia e impulsa fórmulas innovadoras de la economía social como la vivienda cooperativa en régimen de cesión de uso, las comunidades energéticas o el comercio justo. En materia de vivienda en régimen de cesión de uso, la ley modifica la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas para reconocer por primera vez como especialmente protegidas a determinadas cooperativas de vivienda, en concreto las de cesión de uso, siempre que mantengan la propiedad de las viviendas, no repartan retornos y cumplan requisitos específicos.

La nueva normativa también adecúa y actualiza la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas. Digitaliza y adapta al siglo XXI el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías y amplía los derechos digitales de los cooperativistas.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos. La ley contempla la Comisión de Igualdad, impulsa la conciliación y establece el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos sociales.

Otro de los avances más relevantes de la nueva norma es el refuerzo de las causas de descalificación administrativa, para actuar frente a entidades que operan bajo apariencia cooperativa, pero que vulneran sus principios y valores. Esto permite proteger la identidad cooperativa frente a usos instrumentales o fraudulentos. Así, el texto permite combatir el intrusismo en las cooperativas al clarificar qué empresas forman parte de la Economía Social y cuáles no.

EMPRESAS DE INSERCIÓN

La norma, en su artículo segundo, modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.

El texto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral. Así, la ley ordena mejor los itinerarios de inserción y los adapta a la lógica de la contratación indefinida tras la reforma laboral.

En el tercer artículo se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector. Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector. La ley eleva la contratación pública reservada, aumentando el porcentaje de contratos del sector público reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social.

Ello, mientras se incorporan aspectos como el reconocimiento del papel “singular” de la ONCE como agente del Tercer Sector y se añade la definición específica de economía social de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social (Ceeis), planteamientos defendidos por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).