El texto establece el desarrollo reglamentario de un etiquetado en alfabeto braille para garantizar la accesibilidad de bienes y productos de consumo de "especial relevancia" para personas ciegas y con discapacidad visual, para favorecer su “inclusividad”, amplía el tamaño de la letra en los contratos para que su lectura resulte más accesible y urge al Gobierno a promover, en el plazo de tres meses, las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la atención personalizada en los servicios de pagos a las personas vulnerables que lo demanden, sin discriminación por causa de la brecha digital.

Adicionalmente, entre otras medidas y en coordinación con el Banco de España y representantes del sector de entidades de crédito, el Ejecutivo adoptará medidas para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables y, especialmente, de las de edad avanzada. Con ello, se busca que el cierre de oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos y que las entidades incrementen su personal para poder ayudar a realizar distintas operaciones a las personas con menores capacidades digitales, según el Ministerio de Consumo.

En el transcurso del debate de las enmiendas tomó la palabra el titular de esta cartera, Alberto Garzón, para, mostrar su “agradecimiento” a todos los grupos parlamentarios que, a su juicio, “han contribuido a mejorar esta ley, tanto en el Senado como en el Congreso, con enmiendas, con transaccionales, con negociación y con diálogo”. “Creo que el resultado es muy positivo para la sociedad”, agregó, para recordar que la nueva ley mejora la protección de las “personas consumidoras vulnerables” y que “cualquiera de nosotros o nosotras, en algún momento de nuestra vida, podemos llegar a serlo si no lo somos ya”.

Garzón, que antes del Pleno se reunió con el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, estimó que el texto “amplía los derechos de la sociedad” y ha sido realidad también y “muy especialmente”, a “parte” de la sociedad civil que, según su punto de vista, “ha empujado para luchar contra la exclusión financiera, contra la discriminación, por ejemplo, de los colectivos de personas con discapacidad”. “Y, muy especialmente al Cermi, cuyas demandas desde hace décadas van iluminando espacios oscuros de nuestra legislación y algunas de cuyas demandas han sido incorporadas”, resolvió, al tiempo que consideró esta ley “un éxito para toda la sociedad”.

EXPUESTOS A ABUSOS

Con este nuevo texto, su gabinete pretende “consolidar” la figura de la persona consumidora vulnerable para “corregir situaciones de indefensión, protegiendo a colectivos vulnerables” como los de menores, personas con distintos tipos de discapacidad, de avanzada edad o escaso nivel de digitalización, “particularmente expuestos”, según Consumo, a “abusos, fraudes, estafas y engaños por técnicas de comercialización o de información”.

El Gobierno desarrollará “medidas especiales de apoyo o asistencia” para garantizar que toman las decisiones de consumo “acordes con sus intereses” y, en suma, persigue crear un “paraguas jurídico que garantiza que las relaciones de consumo se realicen en entornos más igualitarios, accesibles, transparentes y de mayor seguridad”.

Por su parte, la socialista Marisol Sánchez Jódar, portavoz de Consumo del PSOE en la Comisión de Sanidad y Consumo, defendió que se trata de una ley “eminentemente social, una ley para la igualdad de oportunidades, para la accesibilidad universal y para proteger a ese altísimo 39% de la población española que sufre alguna situación de vulnerabilidad en sus relaciones de consumo”, convencida de que la protección de los consumidores en situación de vulnerabilidad “requiere de la adopción urgente de las medidas contempladas en esta ley”.

Por ello, lamentó “profundamente” que las bancadas “de las derechas” hayan “perdido una magnífica oportunidad para levantar el dedo del botón de la confrontación, de la manipulación y de la demagogia”. “Estamos mejorando la vida de los ciudadanos de nuestro país y ustedes, las derechas, han decidido no votar a favor de ello”, criticó, para advertir de que “no hay peor demagogia que la que juega con la vulnerabilidad de las personas, porque no son ciertos los argumentos que están retorciendo para no apoyar esta ley”.

A este respecto, denunció que los partidos de la derecha “han perdido una oportunidad” porque “han decidido no apoyar a los consumidores que viven en el ámbito rural, sin acceso cercano a entidades financieras y otros servicios, a las personas mayores que no entienden de procedimientos ‘online’ y necesitan de una atención presencial, a los consumidores con bajo nivel educativo o aquellos que tienen algún tipo de discapacidad”. “A los menores de edad por su indefensión ante la comunicación comercial o aquellos con dificultades para acceder a recursos tecnológicos y seguir su formación ‘online’ y a las personas con intolerancias o alergias alimentarias que precisan información adicional en las compras de alimentos o en espacios de restauración”, abundó.

BARRA LIBRE A LOS OKUPAS

“Saben perfectamente que esta ley no da barra libre a los okupas, así que espero que hayan disfrutado infundiendo el miedo, el temor y la angustia entre las familias españolas, porque es lo único que explicaría el sinsentido de la patraña de soflamas y mentiras que han vertido en esta tribuna”, abundó, para, en referencia a la ocupación ilegal de viviendas, asegurar que la ley “no conculca el derecho a la propiedad privada, que no está en peligro”, si bien evitará “dejar en la calle a menores, dependientes o víctimas de violencia de género” sin alternativa habitacional.

Tras advertir de que quienes la han apoyado se sentirán “orgullosos de haber formado parte de ella”, Sánchez Jódar dio también las “gracias” a colectivos como el Cermi, Fundación ONCE o la Plataforma de Mayores y Pensionistas que, dijo, “también forman parte del contenido de esta ley a través de sus valiosas aportaciones que se han transformado en enmiendas a través del diálogo y a través del trabajo” para “revertir”

Por el PP, Carmen Riolobos puntualizó que la ley constituye una “auténtica aberración” desde el punto de vista formal, al incluir “trampas” relacionadas con cuestiones que “nada tienen que ver” con la protección a este colectivo y advirtió de que “no resuelve” los “problemas” de los consumidores en situación de vulnerabilidad y “legaliza la ocupación de viviendas” con un “ataque frontal a la propiedad privada”, por lo que volvió a pedir una “ley anti ocupación” para que esta sea delito.

En paralelo, aseveró que el “problema más importante” que tiene ahora mismo España en materia de consumo son los usuarios de banca, mientras el ministro Garzón “está pendiente de salvar el planeta, de salvar el clima, de modificar los hábitos alimentarios de la población en lugar de dar soluciones, como ha hecho el Partido Popular, que ha presentado dos enmiendas en el Senado para resolver el problema bancario que tienen en este momento los usuarios” frente al que el Gobierno “no ha hecho absolutamente nada”.

SALVAJADA

Por su parte, la diputada de Vox Cristina Alicia Esteban trasladó el “no” de su formación a lo que tildó de “salvajada que no hace otra cosa que dar amparo a la delincuencia”. “No vamos a respaldar esta manera infame de frivolizar con algo tan sensible y tan dramático como las personas en situación de vulnerabilidad”, agregó, para aseverar que los okupas “no son consumidores vulnerables, porque lo único que consumen es la propiedad ajena” y preguntarse “por qué el Gobierno protege, ampara, promueve y alienta la ocupación ilegal”.

La diputada reclamó “soluciones al déficit estructural de viviendas públicas y viviendas de alquiler social” y afirmó que esta ley “es un atraco a mano armada a los ahorradores, una expropiación indirecta de las casas de los españoles” ante la “indolencia de los poderes públicos”. “Esto no es una defensa del consumidor vulnerable, es un ataque a nuestro Estado de Derecho y es anticonstitucional”, sentenció, para advertir de que, frente a ello, Vox ofrece “ley y orden para proteger a nuestros ciudadanos, para mantener las bases de nuestro Estado de Derecho y para poder dar amparo a las familias necesitadas”, dado que la formación de Santiago Abascal “está con los que cumplen y no con quienes delinquen”.

Por En Comú Podem, Laura López aseguró que la ley “trae nuevos derechos para las personas consumidoras vulnerables” y supone el “empoderamiento de las personas para que puedan tomar decisiones informadas y el establecimiento por ley de forma actualizada de los derechos básicos de las personas consumidoras y usuarias” frente a los “desequilibrios de las relaciones de consumo, a los históricos relativos al liberalismo, al libre mercado y a los aparecidos de la era digital incrementados por la situación de la pandemia”.

Entre los colectivos beneficiados por la nueva ley citó a las personas con discapacidad, convencida de que es “la sociedad que construimos la que está discapacitada para dar solución a las necesidades” de dichas personas y a las personas mayores en riesgo de exclusión financiera, situación que urgió a “revertir inmediatamente” a través de esta norma para garantizar la “inclusión financiera de toda la ciudadanía”.

LENGUAS COOFICIALES

Por el PDECat, Concepción Cañadell lamentó que en el texto “no hay suficiente reconocimiento a las lenguas cooficiales del Estado”, para defender que “debería ofrecerse mayor protección a la vulnerabilidad lingüística” y criticar que se haya perdido “otra oportunidad para reforzar el plurilingüismo del Estado y permitir que los ciudadanos puedan leer etiquetas o firmar contratos en su lengua”. No obstante, dijo “celebrar” que se hayan incorporada la discapacidad y el género “como posibles elementos de vulnerabilidad, así como el compromiso de desarrollar reglamentariamente un etiquetado en alfabeto braille” con el fin de “no dejar a nadie atrás”, por lo que su grupo “velará” también por que los bancos cumplan su compromiso de luchar contra la exclusión financiera.

Por su parte, Joan Baldoví, de Compromís, comprometió su voto a favor por incluir “muchísimas” de las enmiendas de su grupo para la inclusión de los sesgos de discapacidad y género y para mejorar la atención bancaria a las personas mayores y vulnerables y por el Bloque Nacionalista Galego Néstor Rego juzgó “necesarias pero claramente insuficientes” las medidas que introduce el texto contra la exclusión financiera y consideró necesario legislar para establecer unas “obligaciones mínimas” a la banca como prestadores de un servicio “esencial” y “apostar por una nueva regulación del sector bancario que atienda a las necesidades de las personas y no al incremento de los márgenes de beneficios de la banca privada”.

Por Ciudadanos, Guillermo Díaz avanzó el voto a favor del partido en torno a las enmiendas que mejoran la accesibilidad de productos y servicios y reconoció que la ley “contiene avances importantes en materia de protección de los consumidores vulnerables”, si bien, a su entender, “esconde una trampa desde el principio” y” por eso” Ciudadanos “no la ha apoyado”, al interpretar que “bendice la ocupación de viviendas” y “genera un propietario vulnerable”. “Es un despropósito lo que han hecho con una ley que podría haber contado con un amplísimo consenso parlamentario”, subrayó, para afirmar que la norma “está cargada de buenas modificaciones”, si bien propicia que, cuando los propietarios “se vayan de vacaciones, puede que abran la puerta de su segunda residencia y que se encuentren a la señora Colau sentada en el salón dándoles la bienvenida”.

Finalmente, José María Mazón, del Partido Regionalista de Cantabria calificó de “adecuadas” todas las enmiendas aprobadas y estimó que la ley “contempla un refuerzo de los consumidores vulnerables y establece con acierto que son no solo los económicamente débiles” al tiempo que “ensancha el colectivo con un amplio grupo llamado personas consumidoras vulnerables”. Al hilo, recordó que dicha ley “incluye revisiones genéricas para la protección de estos consumidores y muchos aspectos que deberán ser objeto de un desarrollo normativo posterior” y lamentó que no incluya la prohibición de llamadas comerciales a horas “intempestivas”.