La proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados fue aprobada con 180 votos favorables - PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, BNG y Coalición Canaria, a los que se unió, por "error", el de la diputada del PP Rosa Quintana- y 170 en contra (PP, Vox y UPN) , según informó la presidenta de la Cámara, Francina Armengol,

El debate comenzó con la defensa de las enmiendas a la totalidad y parciales a esta reforma del Reglamento. De ellas, solo salió adelante la presentada por el PNV y defendida íntegramente en euskera por Joseba Agirretxea. La medida aprobada recoge la normalización del euskera, el catalán y el gallego en el lenguaje jurídico de manera que las leyes que aprueben se publicarán en el Boletín Oficial del Congreso con una versión auténtica en las lenguas cooficiales.

En nombre del Partido Popular, Borja Sémper denunció que se pretenda “falsear la realidad y convertirnos a todos en rehenes de una escenificación”. “Todos sabemos que los argumentos que esgrimen para defender lo que van a votar son una escenificación”, insistió, recordando que el 3 junio de 2022 los socialistas votaron en contra de una “modificación igual”.

“Entiendo que ha habido un cambio. ¿Qué ha cambiado? El cambio está en Waterloo y no hay escenificación posible que pueda tapar la realidad”, sentenció Sémper en referencia al necesario apoyo de Junts para sacar adelante una eventual investidura del jefe del Ejecutivo en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Además, el dirigente del PP aprovechó su intervención para recordar que a lo largo de la historia el PP y el PSOE han tenido muchas diferencias, “como es natural en una democracia pluralista”, pero también compartían una “convicción” y es que “España no estaba en venta”. “Nosotros seguimos pensando lo mismo. Hoy, el PSOE pone España a la venta”, denunció.

Durante su defensa de la enmienda a la totalidad a la reforma del Reglamento, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, acusó al PSOE y sus socios de ser los únicos que han practicado en España un “apartheid lingüístico prohibiendo a los padres educar a sus hijos en español, discriminando a los españoles en su propia tierra” y les afeó que hablen de “diversidad y convivencia” cuando son los “enemigos” de ello.

Los diputados de Vox continuaron hoy escenificando su rechazo al uso de las lenguas cooficiales en el Congreso, no estuvieron presente durante la intervención del diputado del PNV Joseba Agirretxea y salieron del Hemiciclo cuando el socialista Marc Lamuá habló en catalán. Sí estuvo presente durante la intervención de su portavoz en esta Cámara y también durante el discurso de Sémper, ya que en esta ocasión no empleó el euskera.

Ante unas afirmaciones por parte de la portavoz de Vox, el diputado de Sumar por la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, se dio por aludido en las consideraciones de Millán y, pidiendo la palabra alegando alusiones personales, pronunció la primera intervención en aragonés en el Congreso reafirmándose en que, como dijo la semana pasada en rueda de prensa, los hablantes de aragonés han “tenido una represión lingüística” y “no tienen hoy derechos lingüísticos plenos”, y puntualizó que “no es tanto hablar bien como hablar con respeto”, por lo que pidió respeto porque “no hay una lengua común, hay muchas lenguas comunes”. No obstante, no cumplió con la reglamentación actual que le obliga a traducirse él mismo.

A FAVOR

En contra de las posiciones de PP y Vox se presentó el diputado del PSOE Marc Lamuà quien mayoritariamente empleó el catalán para exponer la defensa de las lenguas cooficiales. “Hoy se termina” el empleo de las lenguas como “una herramienta de confrontación”, dijo. En su intervención, aprovechó para trasladar que en el PP son ellos los que viven en “una contradicción y un despropósito” porque acusan al PSOE de "romper España" por hablar con las fuerzas independentistas cuando ellos también pactaron con estos partidos.

En turno de fijación de posiciones, por Sumar habló su portavoz adjunta segunda, Águeda Micó, de Compromís, quien agradeció a su grupo que se le permitiera dar la primera intervención en valenciano en el Congreso y que en él se hable en distintas lenguas. “Esa pluralidad no nos asusta sino todo lo contrario”, se jactó, presumiendo de que España no es “una, grande y libre”, como atribuyó a Vox pretender citando el lema franquista.

Micó dijo que esta reforma garantiza el derecho de la ciudadanía a ser representada en su lengua, cualquiera que sea, porque “una lengua es una forma de ver y entender el mundo”. La suya, dijo, la hablan 10 millones de personas, identificándola así con el catalán que hablan en Cataluña y Baleares. “Sólo hay una forma de defender las lenguas, y es hablarlas”, diría más tarde.

Finalmente, contestando al PP, preguntó si los escritores en lenguas cooficiales hacían también “el canelo”, y terminó bromeando con el portavoz popular, Borja Sémper, parafraseando el mensaje de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas: “Borja, sé fuerte”. En cuanto al coste de la traducción en el Congreso, defendió que es “una inversión en democracia” y aseguró que más caro es que gobernara el PP con su corrupción y “siempre en contra de la diversidad”.

En nombre de ERC, Montse Bassa, dijo que su madre aprendió catalán en la clandestinidad, y agradeció a los que lo mantuvieron vivo en ese estado, de quienes sería heredero el “acontecimiento histórico” de hoy. Pero afirmó que “es imposible” vivir en su lengua, por los prospectos de los medicamentos, las cartas de los restaurantes y muchas series.

“El catalán sólo avanza cuando las leyes dependen del voto de los partidos catalanes”, constató. “Estamos hartas de pedir permiso o perdón por hablar nuestra lengua”. Seguidamente, apuntó que “reconocer una lengua es reconocer la existencia de una realidad nacional”, la de los Païses Catalans y Euskal Herria, y destacó que el Estado reconozca también la lengua occitana del Valle de Arán. Y, sobre el coste de la traducción, recomendó recortar presupuesto en espías y en el sistema Pegasus.

Desde EH Bildu, la diputada navarra Isabel Pozueta denunció la "realidad inaceptable" que ahora en Madrid se pueda hablar en euskera mientras que en algunas partes de su "país no se puede". "Es una dolorosa situación que vivimos y que debemos cambiar" porque es un "derecho de todos los euskaldunes" y que se respete el vasco "en toda Euskalerria". "Viva navarra euskaldun", concluyó.

La diputada de Junts Pilar Calvo recordó que la última vez que habló en catalán en el Congreso le “llamaron al orden”, le “retiraron la palabra” y le “expulsaron”. En ese momento, expuso, no había “voluntad política de respetar nuestros derechos lingüísticos” y ahora los mismos que “nos discriminaban” se han erguido como “defensores aquí y en la Unión Europea”.

“Se podía y se puede utilizar el catalán en esta Cámara sin reformar el reglamento”, incidió Calvo, quien señaló que con la aprobación de esta reforma del Reglamento se consigue un “hecho histórico”, pero matizó que es consciente de que no se hace por “convicción”, sino por “necesidad”.

Por el Grupo Mixto sólo intervino Néstor Rego, del BNG, en una intervención íntegramente en gallego como el martes, defendió que hoy se dará “más seguridad jurídica” al uso de las lenguas cooficiales distintas del castellano, cuando hasta ahora eran “mera decoración” con breves frases. Se mofó de que, ayer, “en cuanto el gallego entró en el Congreso, Vox salió por la puerta”, y replicó al portavoz del PP, Borja Sémper, quien dijo que nadie le iba a decir en qué lengua hablar, que eso es justo lo que pretendía la derecha, distinguiendo a su entender entre lenguas y, por ende, ciudadanos, de primera y segunda.

Rego aseguró que la discriminación del gallego a lo largo de la Historia está “perfectamente documentada” desde que los Reyes Católicos impusieron el castellano en 1480, y que introducirlo en el Congreso debe ser el primer paso para su normalización en la propia Galicia, supuestamente menoscabada por las políticas lingüísticas del PP en la región. Acto seguido, tachó de “inaceptable” la “discriminación” del gallego y el euskera con respecto al catalán presuntamente cometida por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, al priorizar este último en su intento de hacerlo oficial en la Unión Europea, y exigió al Gobierno que rectifique.