Entre otros aspectos, la Ley garantiza, además, que las personas con discapacidad víctimas de discriminación tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes, que deberá ofrecerse en formato “accesible y comprensible”, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos.

Además, advierte de que se considerará discriminación directa la “denegación de ajustes razonables” a las personas con discapacidad, entendiendo como tal las modificaciones y adaptaciones “necesarias y adecuadas” para garantizarles el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, “de todos los derechos”.

En el transcurso del debate en el Pleno de la Cámara Baja, la diputada del PSOE Beatriz Micaela Carrillo aseguró que este jueves “es un día grande para la igualdad” y se congratuló de que “por fin” España da “un paso definitivo” para la aprobación de esta Ley “después de diez años”. “Tenemos que felicitarnos todos, porque estamos sacando una de las leyes más necesarias y justas, que marcará un nuevo horizonte en la historia democrática de España”, sentenció, para mostrar su “reconocimiento” a las “fuerzas activistas” y organizaciones sociales que han “luchado” por hacer realidad esta norma tras un “apasionante y arduo camino”.

La diputada puntualizó que, “sin el PSOE”, la tipificación del antigitanismo como delito de odio en el Código Penal “no se hubiera incluido, le pese a quien le pese” y defendió que la nueva ley es un “potente instrumento” para “combatir” la discriminación y “reparar” a sus víctimas”.

PEDRO ZEROLO

Tras recordar a su impulsor, Pedro Zerolo, quien, a su entender, “luchó incansablemente para ampliar derechos y libertades en nuestro país”, quiso trasladar su “reconocimiento” a “todas” las personas que “han padecido y padecen el odio y el rechazo social” así como a “todas las inconformistas que no se arrugan ni se achantan ante aquellos que pretenden silenciar nuestras voces para devolvernos a la jaula de los prejuicios y al armario franquista”.

En este punto, quiso remarcar que, “en estos tiempos tan virulentos, es cuando se demuestra quién está al lado de quien más lo necesita”, personas que, dijo, “han tenido que luchar el doble y el triple para defender sus derechos” y a las que “viene a representar esta ley”. “Nadie está ajeno en sufrir discriminación ni injusticia”, advirtió, para rechazar los “argumentos peregrinos de corto alcance” de los grupos de la derecha que decidieron no apoyar esta iniciativa, convencida de que “oponerse a esta ley es contribuir al deterioro de la convivencia de nuestro país” y de que, quienes lo hacen, “no son verdaderos patriotas, porque debilitan la democracia y fomentan una España de trincheras y de división”.

“Hay cosas en las que un demócrata tiene que posicionarse a favor, con independencia de los ideales políticos, porque hay cuestiones que son de justicia”, argumentó, señalando que el PSOE busca “construir una España igualitaria” y no permitirá “ni un paso atrás frente al odio y frente a lo que divide”. Por ello aseguró a los diputados del PP que tenían “una oportunidad brillante de demostrar de qué parte de la historia” están, porque, a partir de ahora, “discriminar ya no saldrá gratis” en España.

OPORTUNIDAD PERDIDA

Por el Grupo Parlamentario Popular, la diputada Maria Auxiliadora Pérez admitió que su formación ha “compartido la filosofía” de esta Ley “desde el inicio”, al considerar la “necesidad de contar con una normativa transversal contra la discriminación”, si bien no le “vale cualquier texto”, sino uno “riguroso que conjugue las políticas contra la discriminación con la seguridad jurídica y la libertad individual de los ciudadanos”, razón por la que presentó más de 60 enmiendas de las que “apenas” se han aceptado “algunas”.

Después de lamentar que, desde su tramitación, el Gobierno y sus socios lo único que han hecho es “empeorar un texto normativo que ya de por sí adolecía de rigor jurídico y no aportaba mejoras en la atención e intervención de las víctimas”, denunció la creación de la autoridad independiente para la igualdad de trato y no discriminación, preguntándose si “es el momento oportuno” de ponerla en marcha, en medio de una “grave crisis económica”.

En paralelo, dijo lamentar “profundamente” que la Ley “haya sido una oportunidad perdida” al no concitar el acuerdo “en ámbitos tan importantes" como la educación, la vivienda, la prestación de los servicios sociales, la administración de justicia y la inteligencia artificial. Y ello, según su criterio, porque el PSOE “ha preferido tragarse el sapo y engullir las propuestas de los grupos que lo mantienen en el Gobierno, que consensuar las propuestas razonables y ajustadas a la legalidad” que, a su entender, defendía el PP, que "no puede apoyar" la norma porque “no solo adolece de rigor jurídico”, sino que también “podría implicar la vulneración", entre otros, de principios como la separación de poderes, la libertad individual y la presunción de inocencia.

ATENTADOS Y FARSA

Por Vox, la diputada Lourdes Méndez señaló que, tras su paso por la Cámara Alta, el “espíritu” de la ley “continúa intacto”, al igual que los “atentados” contra los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad y derechos fundamentales como el derecho a la propiedad privada o el de los padres a educar a sus hijos “según sus convicciones”, dado que, a su entender, también “ataca a los colegios concertados”.

Además, tildó de “mentira y farsa” que la ley “persiga la igualdad y la no discriminación” y estimó que se trata de “un instrumento para un cambio cultural que se impone por la fuerza”, criticando también la creación de una suerte de “Ministerio de la Verdad de Orwell”, en referencia a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, y el hecho de que, además de “producir una escandalosa desigualdad”, es una norma "punitiva”, con sanciones, en “muchos casos, más duras que las del Código Penal”.

Por Unidas Podemos, el diputado Ismael Cortés recordó que la nueva Ley traspone al ordenamiento jurídico español una directiva europea en esta materia “que hasta hoy no había alcanzado una concreción legal en nuestro país” y advirtió de que, aunque los principios de igualdad, libertad y dignidad “parecen asentados, aún nos queda mucho por hacerlos efectivos en las sociedades contemporáneas”, como, a su entender, se puso de manifiesto la semana pasada tras el salto de la valla de Melilla.

A este respecto, quiso “poner en valor esta Ley” que, dijo, “supone un avance” pese a que, a su entender, “quedan cosas por hacer”, por lo que, aunque la consideró “satisfactoria”, urgió a “no conformarnos” y a “seguir avanzando” en la reforma de todas aquellas normas que garantizan la igualdad de trato entre todas las personas.

RESTO DE GRUPOS

Por el Grupo Parlamentario Republicano, la diputada María Carvalho (ERC) aseguró que “parece una broma de mal gusto” la votación de las enmiendas a esta ley procedentes del Senado tras la “masacre genocida de Melilla” y lamentó que el texto “no protege a todas las personas", en una muestra de “espantoso racismo institucional”, mientras el Gobierno “despliega todos los discursos y los recursos del Estado para acoger a la ciudadanía blanca de Ucrania”.

Finalmente, desde Ciudadanos, Sara Giménez, reconoció que “ya es hora de poder contar con una ley de igualdad de trato y no discriminación y de que nos tomáramos en serio el abordaje de la lucha contra la discriminación en España”, resaltando que “los organismos internacionales nos han tirado de las orejas”. “Me gustaría que mirasen a aquellas personas que, únicamente por ser negros, migrantes, personas Lgtbi, personas con una discapacidad o cualquier otro tipo de condición, no son aceptadas para hacer una entrevista de trabajo o no se les permite acceder a un bien y servicio”, deslizó, consciente de que “no todo comportamiento discriminatorio constituye un delito, pero, que discriminar salga gratis, es una aberración jurídica”.

Con todo, consideró que el marco sancionador de esta legislación “incluso debía ser mejorado y ser más preciso” y llamó a “conseguir el reto” de “asistir a las víctimas, sensibilizar a todos los actores clave que tienen que poner en marcha esta legislación y hacer que esta legislación se ejecute”, al tiempo que renunció a una ley “que se quede en un papel mojado, en una cuestión ideológica, en una cuestión de esta bandera es mía”, por lo que emplazó a los diputados a “demostrar talla política en cuestiones de igualdad”.