En su turno de defensa de la iniciativa, María Mercè Perea explicó que, con ella, se trata de “reconocer la cardiopatía congénita en sus diferentes grados del baremo de discapacidad”, de conformidad con el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, con el fin de que estas personas obtengan “una valoración objetiva acorde a sus necesidades”.

Durante su intervención, Perea subrayó que cada día nacen diez niños con cardiopatía congénita, 4.000 nacimientos cada año con una enfermedad crónica “irreversible”, una patología “en constante evolución” y cuya esperanza de vida “se queda en los 53 años”.

“Estas personas se enfrentan a una vida con un mayor riesgo de muerte súbita y de insuficiencia cardíaca”, advirtió, al tiempo que puntualizó que la iniciativa socialista “viene avalada por informes de tres sociedades científicas” y que, mientras que en los años 80 “el 90% de los enfermos con cardiopatías congénitas complejas fallecían antes de los tres años”, en la actualidad en España “el 90% de los pacientes que sufren esta condición llega a la vida adulta”.

“Hablamos de la vida de muchas personas, como mínimo 200.000”, aseveró, al tiempo que indicó que la iniciativa socialista “habla de dignidad, de que una persona con una cardiopatía pueda tener un proyecto de vida en igualdad de condiciones que el resto” y, además, “proviene de la sociedad civil”, en referencia a entidades como Menudos Corazones, la Fundación Carme Chacón y la Asociación Corazón y Vida.

En este contexto, afirmó que “el principal reto de estas personas deriva de su inclusión y la igualdad de oportunidades”, razón por la cual la proposición no de ley persigue “reconocer una discapacidad acorde con la realidad de su cambio vital para que puedan aspirar a una mejor inclusión en todos los ámbitos y desarrollar su proyecto de vida con los mismos derechos”.

ELIMINAR BARRERAS

“Se trata de adaptar el entorno eliminando barreras físicas, comunicativas o sociales para que todos y todas podamos participar en todos los ámbitos de la vida educativa, social, cultural, laboral, en igualdad de condiciones”, apostilló, al tiempo que destacó que la iniciativa busca también “conseguir un lugar de trabajo bien adaptado para el desarrollo profesional y laboral”.

En el turno de enmiendas, Marije Fullaondo (EH Bildu) criticó que el baremo actual, “además de infraestimar el grado de discapacidad, no contempla la evolución cambiante de la enfermedad ni la posibilidad de intervenciones reiteradas ni el deterioro progresivo de la calidad de vida que conlleva”, una “pérdida de reconocimiento legal” que, a su juicio, “deja a los afectados en una grave situación de vulnerabilidad social y laboral”.

A este respecto, hizo hincapié en que la proposición no de ley insta a realizar un estudio para detectar problemas o disfunciones y, en su caso, “poner medidas para solucionarlos”, algo que juzgó “un primer paso válido, aunque a todas luces insuficiente”.

Por ese motivo, la enmienda de su grupo urge a “modificar” el decreto 888/2022 para establecer una escala “específica” para la cardiopatía desde el nacimiento hasta la edad adulta así como a garantizar los derechos y la estabilidad laboral de las personas con la enfermedad y que estas personas no realicen tareas que puedan empeorar su estado de salud así como adoptar medidas para asegurar que el entorno laboral esté adaptado físicamente a sus necesidades.

RESTO DE GRUPOS

Con respecto al resto de grupos, por el PP Bartolomé Madrid adelantó su sí a la proposición no de ley, si bien cargó contra las “deficiencias” en la aplicación del actual baremo y confirmó que “el principal reto” de los pacientes son “las dificultades derivadas de su inclusión en la vida laboral y conseguir un reconocimiento en discapacidad acorde con su realidad”.

“La inexistencia de un baremo específico en la evaluación de la discapacidad para las cardiopatías congénitas del adulto es injustificable”, prosiguió, y calificó de “chapuza” la propuesta socialista, que, dijo, carece de “plazos y medidas concretas”, convencido de que “no tiene mucho sentido presentar nuevas iniciativas si el Gobierno no implementa las ya aprobadas”.

Por Vox, Blanca Armario vio “una broma de mal gusto y tremendamente injusto con todos los enfermos y con todas sus familias” que el PSOE “traiga una iniciativa para esconder su mala gestión” y emplazó a incluir de “ipsofacto” esta enfermedad en el baremo.

Por Sumar, Alda Recas deslizó que la iniciativa del PSOE “apunta a la dirección correcta y constituye una visibilización de una demanda legítima” y admitió tener “claro que cualquier actualización de los baremos debe realizarse de manera integral, apoyada en evidencia científica y en diálogo con las comunidades autónomas, las sociedades científicas y el movimiento asociativo de la discapacidad”, como, a su entender, “así se está haciendo”, si bien admitió que esa estrategia es “mejorable, sin duda” y comprometió el apoyo de su grupo a esta iniciativa “por coherencia”.

Por Esquerra, Jordi Salvador afeó que los socialistas no propongan “un reglamento o recursos”, sino “un estudio” ante el que, no obstante, manifestó su voto a favor convencido de que “es mejor hacer un estudio que no hacer nada”, si bien pidió “plazos y hechos”.

Por Junts per Catalunya, Pilar Calvo llamó a “darle dos vueltas” a los procedimientos actuales para “reconocer, declarar y calificar” el grado de discapacidad “de forma más directa, modificando el baremo de discapacidad en base a la experiencia”.

Por EAJ JPNV, Nerea Rentería denunció que estos pacientes, “a menudo, no encuentran un reflejo justo en los sistemas de valoración de la discapacidad”, lo cual, a su entender, “justifica, sin duda, la necesidad de revisar cómo se está aplicando el baremo actual en estos casos y si se recoge adecuadamente la complejidad de esta condición” y exigió “garantizar que la valoración sea más ajustada, sensible y equitativa” y “mejorar la aplicación práctica del baremo actual”, entre otras cuestiones.

Por último, desde Coalición Canaria, Cristina Valido avanzó que su grupo va a “apoyar” esta proposición no de ley, al tiempo que reivindicó la necesidad de que la valoración “se produzca de manera rápida, ágil”, que estos pacientes “se consideren prioritarios y que puedan contar con ese reconocimiento que les abra puertas y que les ayude a vivir”.