Los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos, a petición del sector social de la discapacidad representado por el Cermi, han presentado de forma conjunta una enmienda en esta dirección al proyecto de Ley de Empleo, que se tramita por el procedimiento de urgencia en la Cámara Baja.

La enmienda modifica el artículo 35 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, considerando que “a los efectos del presente capítulo VI [dedicado al derecho al trabajo] y del ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad’’.

De esto modo, el Cermi considera que se resolvería el “grave problema” que para el empleo de las personas con discapacidad sobrevenida significó la desaparición en 2018, en virtud de una sentencia del Tribunal Supremo por meros motivos de forma, de esta asimilación legal, que permite a ciertos pensionistas de Seguridad Social ser consideradas personas con discapacidad a efectos de acceso al mercado laboral.

Según las previsiones de calendario, el proyecto de ley de Empleo estaría aprobado en el Congreso antes de finales de año, quedando para los primeros meses de 2023 su adopción definitiva, tras su paso por el Senado.