Aunque todos los grupos aprobaron esas ayudas, la oposición criticó en sus intervenciones la cuantía y el carácter "electoralista" de estas medidas.

El decretó, presentado en la Diputación Permanente por el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, tiene como objetivos restablecer el poder adquisitivo de las prestaciones por hijo a cargo, congeladas desde 1991, y ampliar la protección familiar con la creación de dos nuevas prestaciones económicas: una de 75.000 pestas, en un pago único, por nacimiento de hijo, a partir del tercero, y una prestación por parto múltiple de una paga única igual a 4 veces el importe mensual del salario mínimo interprofesional por parto múltiple de dos hijos, 8 veces por parte múltiple de tres hijos, y 12 veces en caso de parto múltiple de 4 hijos o más.

La cuantía de la protección familiar por hijo a cargo menor de 18 años pasa de 36.000 a 48.420 pesetas al año y de 72.000 a 96.780 pesetas al año en caso de que el hijo tenga una minsvalía igual o superior al 33 por ciento. El derecho a esta prestación está condicionado a que la unidad familiar no supere un determinado nivel de ingresos, fijado para este año en 1.237.899 pesetas.

El portavoz del Grupo Socialista, Luis Martínez Noval, resaltó "el electoralismo" de esta medida, pero no se opuso al decreto por considerar que nadie se puede oponer a unas ayudas. No obstante, pidió la tramitación de este decreto como proyecto de ley, lo que fue rechazado por 23 votos a favor, 26 en cotra y una abstención. También criticó que el Gobierno no haya comparecido en la Diputación Permanente para tratar el "caso Pinochet".

Pedro Antonio Ríos, de IU, no se opuso a las ayudas que recoge el decreto, pero criticó la cuantía y la forma de pago único por nacimiento de hijo, a partir del tercero, en lugar de una ayuda continuada a la familia. También criticó "el tufo" electoralista de esta medida, a la que consideró "un parche".

Francisco Rodríguez, del BNG, expresó el apoyo de su grupo al ecreto pero pidió más medidas ya que España, dijo, es el país de la Unión Europea que dedica menor porcentaje del PIB a estas prestaciones. Criticó que las actuales medidas se han tomado de forma tardía y "en periodo electoral".

Diego López Garrido, de Nueva Izquierda, apoyó también el decreto, que "palía el deterioro" en las ayudas que se ha producido en los últimos años. También resaltó el carácter electoralista de esta medida.

Coalición Canaria, a través de su diputado Luis Mardones, expresó s apoyo a todas las medidas sociales del Gobierno y, sobre las críticas de la oposición a la tardanza de este decreto, afirmó que "más vale tarde que nunca". Manuel Silva, de Convergencia i Unió, expresó su apoyo a las medidas, aunque explicó que sus cuantías son insuficientes.

María Jesús Sáinz, del PP, defendió el decreto-ley y manifestó que el PP ha procurado establecer una política global de ayuda a la familia durante sus cuatro años de mandato, con medidas como la ley de conciliación de la vida failiar y laboral y la implantacón del coste cero de Seguridad Social para los contratos de sustitución de mujeres en periodo de maternidad.