La iniciativa salió adelante con la misma mayoría que la de la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: 173 votos a favor y las 7 abstenciones de Junts, frente a los 170 'noes' de PP, Vox y UPN.

El real decreto-ley introduce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 250.000 euros, a las personas beneficiarias de quienes fallecieron en defensa de las libertades y los derechos democráticos entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, en atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte.

El plazo prevé extenderse "hasta el 31 de diciembre de 1983" tras un acuerdo anunciado por ERC y confirmado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, aunque no entrará en vigor de forma inmediata.

Por el contrario, el decreto se tramitará como proyecto de ley para que los independentistas puedan incorporar esta modificación a través de una enmienda, siempre y cuando revalide "el apoyo de los grupos políticos", en palabras de Torres.

Además, se añade la posibilidad de la concesión de indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes hubieran sufrido lesiones incapacitantes actualizándose las cuantías a 180.000 euros en el caso de incapacidad permanente absoluta y a 500.000 euros en caso de gran invalidez.

El decreto considera víctima a toda persona que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el mencionado periodo.

Los beneficiarios de la indemnización por fallecimiento serán hijos y cónyuge o quienes convivieran con la víctima con una relación de afectividad. En caso de no existir, se pasaría a padres, nietos, hermanos e hijos de estos, siempre que, por los mismos hechos, no se haya recibido otra indemnización. Como condición, no podrán recibirlas aquellas personas que hayan pertenecido o pertenezcan a bandas o grupos armados terroristas.

DEBATE PARLAMENTARIO

Durante el debate, Torres destacó que, gracias a la lucha de las personas reconocidas, "en muchos casos clandestina", hoy existe un "sistema democrático, que es mejorable", pero "incomparablemente mejor que la ominosa dictadura que lo precedió".

Tanto Sumar como PNV, ERC y EH Bildu se posicionaron a favor de la reforma. Por el contrario, Junts entiende que es "insuficiente y continuista" y que mantiene la "impunidad de los crímenes franquistas".

El BNG puso de manifiesto que estas medidas deberían haberse incorporado antes a la Ley de Memoria Democrática mientras que desde Podemos se considera que no son suficientes y que el real decreto llega tarde.

En la otra cara de la moneda, el PP lo tildó de "despropósito jurídico" y "fraude procedimental". Por su parte, Vox rechazó el decreto diciendo que es otra "mentira histórica" del Gobierno ya que las medidas solo buscan un relato oficial que divide a los españoles.

Tras la votación, Torres lamentó en los pasillos del Congreso los 'noes' de PP y Vox y dijo no entender que "un demócrata no vote a favor de reconocer a quienes pelearon para recuperar la democracia". "Creían que con sus votos en contra y el de algún partido más esto iba a decaer", lamentó mientras sentenciaba que "les ha salido el tiro mal".