Del mismo modo, la Cámara Baja votó por unanimidad la tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia de este Real Decreto-ley.

Para su defensa intervino la ministra de Sanidad, Mónica García, quien subrayó al comienzo de su intervención que “esta iniciativa tiene impacto real y de política útil en un momento en el que estamos inmersos en polémicas, en conflictos y ruido. Hoy nos detenemos para hablar de cómo protegemos mejor a nuestros pacientes”.

Aunque este Real Decreto-ley “no se lleve grandes eslóganes ni grandes titulares pero trae un impacto en las familias y en los trabajadores que tienen enfermedades crónicas y que pese a tener ingresos modestos, soportan una carga económica excesiva”.

Por lo tanto, remarcó Mónica García, “traemos una iniciativa para que los pacientes paguen menos por sus medicamentos. En España, quien soporta una mayor carga económica para afrontar los tratamientos son los trabajadores activos con rentas medias y bajas que tienen enfermedades crónicas”.

ADHERENCIA TERAPÉUTICA

Esta situación, explicó, conlleva el riesgo de que “abandonen su tratamiento”. Por ello, “esta iniciativa tiene tres objetivos muy claros como que el sistema sanitario sea más progresivo y justo, reforzar la protección de los pacientes crónicos con rentas bajas y medias y adaptar el copago farmacéutico a la realidad económica que viven hoy muchas familias en España”.

En cuanto a la adherencia terapéutica, la titular de Sanidad subrayó que “cuando un paciente llega a una farmacia y no retira sus medicamentos porque son caros, hablamos de consecuencias clínicas, agudizaciones, descompensaciones, empeoramiento de las patologías, más urgencias, más ingresos hospitalarios y mayor sufrimiento totalmente evitable”.

Esta reforma tiene tres grandes patas: reforzar la equidad y progresividad del sistema: “Antes teníamos tres tramos para trabajadores activos y jubilados y ahora los pacientes activos tendrán seis tramos, ya que de 18.000 a 99.000 euros de ingreso anual, la realidad económica es muy diferente”.

SEIS TRAMOS

Además, se pusieron topes porque “la gente que cobra menos de 35.000 euros al año no puede pagar más de 60 euros y, por ello, hemos puesto los mismos topes que tenían los jubilados. Además, se añadió un tramo más en los pensionistas, de entre 18.000 a 60.000 euros”.

Esto supondrá que “una persona activa con tratamiento crónico y con una renta menor de 9.000 euros le vamos a ahorrar 500 euros al año. A una persona que tenga una renta de 22.000 euros le vamos a ahorrar 460 euros al año”.

La segunda pata de esta reforma es mejorar la protección de los pensionistas y la tercera consiste en adaptar el modelo de copago farmacéutico a la realidad social y económica de España que “ahorra dinero al paciente pero también al sistema sanitario”.

A esto remarcó que “continuarán exentas las aportaciones farmacéuticas a todas las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital, pensiones no contributivas, en desempleo sin subsidio, con rentas mínimas y menores con discapacidad o afectados por accidente laboral o enfermedad profesional".

SIN CONSULTA A COMUNIDADES

La mayoría de los grupos parlamentarios achacaron a la ministra la falta de consulta con las comunidades autónomas. En este sentido, el diputado del Grupo Vasco (EAJ-PNV) Joseba Agirretxea preguntó a Mónica García “por qué esta iniciativa no se consultó con las comunidades autónomas. Ya sabemos que el Ministerio de Sanidad tiene potestad para hacer esto pero se podía haber consultado. Pese a ello, con el objetivo estamos de acuerdo y lo apoyaremos”.

En esta misma línea se refirió la diputada del GEH Bildu Marije Fullaondo, quien aseguró que “aunque no compartimos el modelo de copago, apoyaremos este Real Decreto-ley. Aunque esté lejos del modelo que propone EH Bildu supone una mejora sustancial para la ciudadanía”.

Igualmente, la diputada de ERC Etna Estrems recordó a la ministra de Sanidad que “este Real Decreto nos vuelve a dejar una sensación que empieza a ser demasiado habitual en esta legislatura, ya que el Gobierno sigue sin entender que significa gobernar en minoría porque una cosa es tener la iniciativa legislativa y otra muy distinta es actuar como si las mayorías parlamentarias fueran automáticas para validar sus decisiones”. Lamentó además que este texto “está cerrado y sin compartir un debate político con los grupos”.

EN CONTRA

Totalmente en contra de la iniciativa se postuló el diputado de Vox Pablo Sáez, quien afirmó que “este Gobierno vuelve a decir no al debate, no a la consulta pública, no a la audiencia e información pública y no al control parlamentario”. Además, le preguntó cómo se financiará este copago.

De “chapuza” calificó el texto la diputada del Grupo Parlamentario Popular Elvira Velasco, quien subrayó que “este texto es una auténtica chapuza, con incongruencias en su redacción y con una implantación efectiva inviable porque necesita adaptaciones administrativas, procedimentales y tecnológicas por diferentes organismos. Una vez más estamos ante una falta de coordinación del Ministerio de Sanidad”.

Por último y en defensa del Real Decreto-ley, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Alba Soldevilla destacó que “las personas no quieren medicamentos, los necesitan. Convivir con una enfermedad ya es suficientemente difícil como para añadir una carga económica desproporcionada y esto es lo que busca esta reforma: proteger más a las rentas medias y bajas”.