El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, defendió su aprobación al asegurar que estas medidas buscan “la protección a la ciudadanía” tras las consecuencias económicas y sociales por la guerra de Ucrania, la prorrogación de medidas para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma e introducir el derecho al olvido oncológico. Se trata de un paquete de medidas cifrado en 3.800 millones de euros adicionales a lo que había invertido el Gobierno hasta ahora.

A pesar de que este decreto no ha obtenido ningún voto en contra, PP, PNV, Vox y Ciudadanos –estos dos últimos se abstuvieron– criticaron la forma en la que el Gobierno ha llevado su convalidación porque “esquiva el debate parlamentario en materias de interés” y por tratar materias que “no son urgentes o no tienen carácter extraordinario”.

“Este decreto afecta a 55 materias diferentes, deroga una ley, modifica otras 47 y traspone cinco directivas europeas. Nos obligan a votar en bloque sin poder entrar al detalle de lo que nos piden convalidar. Sin embargo, votaremos a favor porque no queremos poner en riesgo algunas medidas positivas, aunque insuficientes”, criticó el diputado popular Jaime de Olano.

Por su parte, el diputado de Vox José María Figaredo tachó de “intolerable” que el Gobierno “prescinda de informes técnicos en cuestiones muy importantes para el funcionamiento del sistema”. Además, apuntó a que este decreto se presentó “interesadamente en periodo electoral”, aunque tuviera algunas medidas “necesarias”.

Del mismo modo, el diputado del PNV Mikel Legarda lamentó que el Ejecutivo “abusara de este procedimiento para eludir la tramitación ordinaria de una iniciativa legislativa”. La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, acusó al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de “utilizar el Boletín Oficial del Estado (BOE) para sus propios intereses” y le reprochó que no incorporase también una regulación para la ley de la ELA.

MEDIDAS

La principal medida del paquete es la prórroga de la rebaja del IVA, que desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre mantendrá la rebaja del 4% al 0% en el tipo impositivo del pan, las harinas panificables, la leche, los huevos, las legumbres, los cereales, las frutas, las verduras y las hortalizas, así como la reducción del 10% al 5% en el aceite y la pasta. La carne y el pescado vuelven a estar excluidos de la bajada fiscal.

Las rebajas estarán en vigor hasta fin de año, pero, al igual que en el anterior real decreto-ley, el Gobierno ha incluido una vía de escape por si los precios retornan a niveles “razonables” antes de que termine el año. De este modo, la rebaja del IVA se revertirá a partir del 1 de noviembre en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente del mes de septiembre, publicada en octubre, sea inferior al 5,5%.

El Gobierno también ha decidido extender la ayuda para la bonificación de al menos el 50% de los abonos de transporte público en aquellas autonomías y ayuntamientos que aporten parte de la financiación. Así, el Estado bonificará el 30% del coste total, mientras que las administraciones autonómicas y locales tendrán que poner, como mínimo, un 20% adicional.

COCHES ELÉCTRICOS

Asimismo, el séptimo paquete de medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania establece una deducción del 15% en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la compra de vehículo eléctrico nuevo o la instalación de sistemas de recarga de baterías para vehículos eléctricos. Esta desgravación se aplicará durante los dos próximos años y será por un importe máximo de 20.000 euros, siempre y cuando el decreto se convalide.

Por otra parte, se retrasa la entrada en vigor hasta el 1 de enero el derecho a la cotización a la Seguridad Social de los becarios, así como la prohibición del despido en las empresas beneficiarias de ayudas públicas derivadas de la guerra. El real decreto-ley incluye también la transposición de directivas comunitarias, como la de movilidad -en lo relativo a transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas- y la modificación de la ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

En materia de vivienda, el decreto amplía hasta final de año la prohibición de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, y pone fin a la prórroga automática de todos los contratos de alquiler finalizados.