En concreto, los nacionalistas vascos plantean reformar la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia y la de Enjuiciamiento Civil para “proteger el interés de los menores que se ven inmersos en los conflictos de sus progenitores”, ya que, defienden, “los parámetros para la resolución” de estos “deben estar supeditados al interés superior del menor”, algo que en varias ocasiones ya han venido solicitando profesionales como los abogados, que consideran que la obligatoriedad de acudir a esos medios extrajudiciales que son los MASC está generando "retrasos", "inseguridad jurídica" y menores "desprotegidos".

El PNV hace una defensa inicial de estos mecanismos de conciliación, señalando que permiten a las partes “mantener el control sobre el proceso”, además de adaptarse “mejor a la dinámica de los conflictos que los rígidos procedimientos judiciales”. Sin embargo, cuestionan su eficiencia en el caso de los menores.

Así consideran que deben excluirse en aquellos casos en los que “el interés de los menores o del núcleo familiar” justifique la “necesidad de adoptar medidas que garanticen sus derechos alimenticios, de vivienda y de relación con ambos progenitores”. Y es que, inciden, dado que ya está judicializado el conflicto, no resulta “recomendable exigir de forma imperativa el intento de resolución a través de un medio adecuado de resolución de controversias cuando ya se han dictado medidas cautelares o provisionales en los procedimientos de familia”.

Hacen hincapié en que cuando un ciudadano acude a los tribunales “hay que intentar que en el plazo más breve posible exista una resolución judicial que ponga fin al conflicto”, recordando al mismo tiempo que “las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad suele estar relacionado con cuestiones que deben resolverse con cierta urgencia”, como puede ser “la autorización para cambio de colegio, un viaje, un acto religioso, una actividad extraescolar o el inicio de una terapia”.

Ante esto, critican que acudir a los MASC provoca que cuando, “a falta de acuerdo”, el tribunal debe otorgar a uno u otro progenitor “la facultad de decidir por razones de tiempo, el objeto ha desaparecido con evidente perjuicio, en muchos casos, del interés del menor”. Una negociación, insisten, que “puede alargarse en el tiempo”.

De ahí que quieran excluir de la obligatoriedad de acudir a estos medios extrajudiciales ante la interposición de una demanda de "separación, divorcio y nulidad matrimonial o de medidas paterno filiales, la solicitud de medidas cautelares, medidas provisionales previas a la demanda y la demanda de modificación de medidas", cuando en dichos procedimientos se soliciten, entre otras medidas, "las que afecten a derechos de los menores".

En cuanto a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, plantean reformar el artículo 770 para que la celebración de la vista “siempre sea preceptiva” en las procedimientos de familia, pues en la mayoría de los casos “están involucrados los derechos de menores”.