El texto de la propuesta que se debatirá en la Cámara Baja, firmado por el diputado Alberto Catalán, parte de la premisa de que “la deslegitimación del terrorismo es especialmente importante en las generaciones actuales y futuras”, puesto que los niños y los jóvenes deben ser “conscientes de la sinrazón y del sufrimiento que causa el terrorismo, y los centros educativos deben promover los valores de paz, democracia, respeto a los derechos humanos y rechazo de la violencia”.

Por ello, UPN hace hincapié en que la Administración Pública ha de velar para que los empleados públicos que trabajen con menores, principalmente los profesores, tengan la “necesaria autoridad ética y moral”.

De ahí que no considere “ni lógico ni conforme con los valores democráticos” encargar dicha tarea a condenados por delitos relacionados con el terrorismo. Y como ejemplo pone la contratación en un Instituto público de Tudela (Navarra) de un condenado por pertenencia a ETA como profesor.

“Un pasado vinculado a acciones terroristas debe inhabilitar moral y éticamente para impartir docencia y ser responsable del desarrollo educativo de niños y jóvenes”, señala Catalán tajante en la propuesta, criticando al respecto que con la normativa actual no se puede impedir, lo que tacha de “lamentable”.

Por ello, exige, en el caso de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, añadir un artículo en el que se establezca “como requisito específico” para ser admitido en las pruebas selectivas de aquellos puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con menores de edad el “no haber sido condenado por sentencia firme” por cualquier delito de terrorismo, tipificado tanto en el Código Penal español como en los de los Estados miembros de la Unión Europea. Para ello, los aspirantes deberán presentar un certificado de antecedentes penales.

Y, en segundo lugar, en relación a la Ley General de Subvenciones, UPN pide que tampoco puedan ser beneficiarios de ayudas quienes hayan sido condenados por estos mismos delitos. Ni tampoco las personas jurídicas que tengan como empleadas o subcontraten a otras que se encuentren en dicha circunstancia, siempre que esas subvenciones estén dirigidas a proyectos o actividades con menores que impliquen un “trato repetido, directo y no meramente ocasional”.