Durante su intervención para presentar la iniciativa, que se debatió el martes, la diputada Luisa Sanz subrayó que el proyecto de ley de reforma de las leyes de discapacidad y dependencia añade una nueva disposición adicional a la Ley de Discapacidad de 2013 relativa a la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad ante los efectos de los sistemas de inteligencia artificial.

“Y de igual forma, también incluye numerosas referencias y disposiciones adicionales sobre la ley de dependencia de 2006. Por ejemplo, en la regulación de la teleasistencia y en el fomento de la investigación y la innovación social y tecnológica”, abundó, convencida de que la inteligencia artificial “es comparable a la energía nuclear” por su “potencia inmensa”, razón por la cual “debe ser tratada con la máxima precaución y transparencia” y porque “dependiendo de quién y cómo la maneje y para qué fin se utilice puede causar daños devastadores”.

En este contexto, la proposición no de ley exige que la IA “no perjudique a las personas con discapacidad ni atente contra sus derechos” y que estas puedan “beneficiarse de todos los aspectos positivos que ofrece la IA para mejorar y facilitar su vida y su autonomía”.

En turno de fijación de posiciones, por el PNV Nerea Rentería subrayó que su grupo “comparte el objetivo y la preocupación de fondo”, si bien estimó que el texto “podría haber sido más completo en algunos aspectos”.

Entre ellos, mencionó el “riesgo de discriminación algorítmica”, la posibilidad de impulsar certificaciones o sistemas que garanticen una IA “ética y respetuosa con la discapacidad”, la “dimensión territorial y competencial” por parte de las autonomías como “parte directa de la solución” y la participación “real y continua” de las organizaciones con discapacidad, que juzgó “fundamental” para que la iA sea “una palanca de igualdad, no una fuente de exclusión”.

Por Junts, Pilar Calvo también afeó que la iniciativa no incluya “ni una medida concreta”, al tiempo que consideró que la propuesta es “superficial, reactiva e insuficiente”, no aporta “mecanismos concretos”, ni define instrumentos operativos ni incorpora un “compromiso real” de presupuesto, calendario o sistemas de evaluación.

Tras afirmar que su grupo “comparte el objetivo central que inspira la iniciativa”, instó a “evitar” que los algoritmos y sistemas automatizados de la IA “generen nuevas formas de exclusión y discriminación”, consciente de que “el riesgo es real” y de la importancia de garantizar la accesibilidad universal y proteger a los más vulnerables pero con medidas “más específicas que aporten resultados inmediatos”.

Por ERC, Jordi Salvador confirmó su voto a favor si bien advirtió de que la propuesta “se queda corta” al venir del partido que gobierna porque se trata de garantizar “derechos humanos en versión digital”. “Si una administración o empresa utiliza la inteligencia artificial para excluir a personas con discapacidad, debe ser obligatorio corregirlo y debe poder sancionarse si es necesario”, abundó, al tiempo que reivindicó la participación del movimiento de la discapacidad en el diseño de aplicaciones, webs o algoritmos, entre otras medidas.

Por Sumar, Rafael Cofiño abogó por “no dejar a nadie atrás” en este ámbito y señaló que la inteligencia artificial “no es neutral y, si los datos invisibilizan a un colectivo, la tecnología también lo hace, pero a mayor escala y amplificando consecuencias más profundas”, convencido de que los algoritmos “no crean desigualdad, pero la amplifican cuando se entrenan con datos que ya están sesgados”.

En este contexto, aseveró que la iniciativa “está un poco descafeinada” y defendió que la inteligencia artificial “puede ser una buena herramienta para la autonomía, la comunicación o el aprendizaje” de las personas con discapacidad, “pero ese potencial solo se materializa si existen garantías sólidas que aseguren que los algoritmos no excluyen, no discriminen y no invisibilicen”.

Por Vox, Blanca Armario puntualizó que las personas con discapacidad “necesitan financiación pública para tener una mejor calidad de vida” y que sus familias “no necesitan que le recuerden sus derechos, sino que se materialicen a medidas tangibles que mejoren sus vidas” y lamentó que los socialistas “intentan poner una tirita a una herida de décadas para la que no tienen ya ningún tipo de remedio”.

Por el PP, Juan Luis Pedreño consideró que la iniciativa es “casi idéntica” a la que el PSOE presentó en 2024 en la misma Cámara y le acusó de “mendigar votos con temas tan sensibles como el de las personas con discapacidad”.

Tras admitir que, “obviamente”, el PP está “de acuerdo en que hay que asegurar una inteligencia artificial inclusiva”, advirtió de que esta proposición “es otro movimiento del gobierno para desviar la atención aprovechando el comodín de la discapacidad”, convencido de que “lo que promueve ya existe y se llama ley de inteligencia artificial”, al tiempo que afeó que el Ejecutivo “no tiene ningún interés ni compromiso con la transformación digital inclusiva”.

“Si realmente quieren ayudar a las personas con discapacidad, pónganse ya a la aplicación efectiva de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, pónganse ya al cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, precisamente para la accesibilidad universal, y cumplan ya con la transposición de la Unión Europea de accesibilidad”, sentenció.