La diputada socialista Matilde Fernández, que defendió la propuesta, explicó hoy a Servimedia que la iniciativa pide al Ejecutivo que en el plazo de dos meses presente un informe que recoja el número de plazas en centros de acogida de extranjeros, el promedio de personas acogidas en ellos, periodo medio de su estancia y la previsión de creación de nuevos centros.

También se pide al Ejecutivo que antes de final de ao desarrolle la norma específica del Reglamento de Extranjería sobre el funcionamiento de los centros de acogida, que tenga en cuenta criterios como el respeto a los derechos fundamentales, la garantía del derecho a la defensa, facilitar abogados e intérpretes, el derecho a ser informados y garantizar la unidad e intimidad familiar.

Otros criterios que deben amparar a los inmigrantes acogidos son el derecho a enviar y recibir correspondencia, a comunicar por teléfono, a tener horarios de visitas y a dsponer de dependencias para comunicarse con familiares, amigos o representantes de las admnistraciones y ONGs.

Para el desarrollo de esta norma, explicó Fernández, el Gobierno deberá tener en cuenta las sentencias del Tribunal Constitucional que reiteradamente han reconocido a los inmigrantes los mismos derechos que tienen los españoles a la hora de ser acogidos.

La iniciativa sugiere además que los centros deben ser considerados como albergues, con condiciones de habitabilidad y sanitarias suficentes, contar con espacio para ocio y descanso, dependencias que garanticen la vida familiar y que tengan en cuenta hábitos religiosos y de alimentación.