Esta iniciativa salió adelante con 18 votos a favor y 17 en contra. En la defensa de la propuesta, la diputada de Bildu Isabel Pozuela subrayó que el acceso al aborto “no es una opinión ni un debate abstracto”, sino un derecho reconocido por ley vinculado a la dignidad, la intimidad y la libertad de las mujeres.

Sin embargo, denunció que en la práctica este derecho “sigue viéndose vulnerado”, ya que muchas mujeres afrontan situaciones de presión e intimidación cuando acuden a los centros sanitarios, en un momento de especial vulnerabilidad personal.

La propuesta pide crear de forma inmediata registros de sanitarios objetores al aborto en todas las comunidades autónomas y en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), conforme a la legislación vigente, y asegurar que estos registros funcionen bien y estén actualizados, garantizando que haya personal disponible en todos los centros públicos para ejercer el derecho al aborto en condiciones de igualdad.

Además, la iniciativa pide reforzar la coordinación y supervisión estatal con las comunidades, a través del Consejo Interterritorial de Salud, para asegurar el cumplimiento efectivo de la ley en toda España.

Este debate se celebró en un contexto marcado por la polémica sobre la implementación de los registros de objetores al aborto, ya que la Comunidad de Madrid se ha negado en reiteradas ocasiones a aplicar esta parte de la ley. Así pues, actualmente, está en trámite parlamentario una iniciativa impulsada por el Gobierno para blindar el aborto en la Constitución, reforzando la parte prestacional de este derecho.

De este modo, en la Comisión de Igualdad del Congreso, la diputada de Bildu pidió adoptar medidas preventivas, como perímetros de protección y protocolos comunes, para garantizar un acceso libre y seguro, y sostuvo que la propuesta “no limita derechos, los ordena”, situando en el centro la protección efectiva de las mujeres y del personal sanitario.

En contra de esta propuesta, la diputada de Vox Maria de los Reyes Romero Vilches la rechazó con críticas a Bildu, al que acusó de promover una “cultura de la muerte” y de pretender “amedrentar y callar a los que no piensan como ustedes” mediante medidas que podrían “limitar derechos”.

Además, la diputada de Vox calificó la propuesta de “ambigua y confusa”, y expresó su preocupación por las posibles consecuencias para quienes acuden a rezar a las puertas de clínicas donde se practican abortos. Romero Vilches también negó que exista un derecho al aborto y defendió que debe prevalecer “el respeto a la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural”.

En su lugar, la diputada del PP Edurne Uriarte criticó la iniciativa al considerarla un “nuevo ejemplo de ataque a la libertad de expresión y de manifestación”, al entender que las medidas propuestas buscan limitar las protestas contra el aborto. En este sentido, acusó a la izquierda de tener “un problema con la libertad” y de calificar como acoso o desinformación las expresiones que cuestionan sus posiciones.

Asimismo, Uriarte defendió que estas iniciativas buscan “coartar la libertad” de manifestación y expresión de quienes se oponen al aborto, motivo por el que mostró el rechazo del PP.

Por su parte, la diputada del PSOE Ada Santana apoyó la iniciativa de Bildu y defendió la reforma del Código Penal impulsada en la pasada legislatura para penalizar el “acoso” a mujeres en clínicas de aborto. No obstante, reconoció que eso es insuficiente para frenar la presión. Así, incidió en la necesidad de seguir avanzando en la garantía efectiva del derecho al aborto y en su consolidación dentro del ordenamiento jurídico.

Igualmente, la diputada de Sumar Engracia Rivera apoyó la iniciativa y avanzó que Sumar ha trabajado en propuestas para reforzar la protección, incluyendo la definición del acoso, la ampliación de medidas frente al “ciberhostigamiento” y el impulso de un acceso al aborto plenamente garantizado en la sanidad pública.