Esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Prlamentario Socialista, fue aprobada por unanimidad el pasado martes y en ella se reclama una definición "clara e inequívoca" de los profesionales y técnicos que deben intervenir en la construcción de un edificio, desde el inicio del proyecto hasta la finalización de la obra.

De esa manera, se evitarían conflictos entre las diversas profesiones vinculadas a la construcción de edificios, aspecto que, según la proposición no de ley, no está suficientemente aclarado en el ordenamiento jurídico español. La proposición pide también que se regule la responsabilidad de los distintos agentes que intervienen en la edificación, desde el promotor de la obra hasta el usuario, en los casos de mal funcionamiento de todo o parte del edificio.

Según esta iniciativa parlamentaria, el usuario de los edificios debe tener debidamente garantizada la calidad de "todas y cada una de las partes del edificio".

Por ello, piden que la calidad de los edificios se establezca normativamente, mediante la definición de nos niveles mínimos generales, "superando definitivamente los criterios parciales que han venido rigiendo en los últimos tiempos".