La iniciativa plantea que estas ayudas (como sillas de ruedas, grúas o andadores) puedan ofrecerse "mediante sistemas de préstamo o cesión temporal, en coordinación con las comunidades autónomas y con la participación de las organizaciones del sector".

El objetivo es favorecer que las personas en situación de dependencia "puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible, siempre que así lo deseen, al tiempo que se mejoran las condiciones de quienes prestan los cuidados". En este sentido, la propuesta pone el foco en eliminar barreras prácticas en la vida diaria mediante el acceso ágil a equipamientos esenciales.

En virtud del texto aprobado, la Cámara insta al Gobierno a impulsar, junto a las comunidades autónomas y con la participación de las organizaciones de personas con discapacidad, las actuaciones necesarias para integrar este servicio en el sistema de dependencia, con el fin de facilitar la realización de actividades básicas de la vida diaria y reforzar la permanencia en el entorno habitual.

La iniciativa define como productos de apoyo cualquier dispositivo, instrumento o sistema técnico destinado a prevenir, compensar o aliviar limitaciones en la autonomía personal, así como a facilitar la participación en la comunidad, reforzando un enfoque centrado en la vida independiente.

Vox planteó la elaboración de un estudio oficial sobre las familias con hijos con discapacidad física, sensorial o con concurrencia de discapacidad intelectual, con el objetivo de dimensionar esta realidad y orientar las políticas públicas. La enmienda, que no salió adelante, incluía la recopilación de datos sobre el número de hogares afectados, su composición, nivel de renta, grado de discapacidad y dependencia, así como el impacto económico derivado, incluyendo el gasto medio en tratamientos y apoyos específicos, las ayudas públicas existentes y su suficiencia. También proponía evaluar los casos en los que los cuidados requieren dedicación plena y limitan la actividad laboral de los progenitores, así como reforzar las medidas de apoyo en condiciones de igualdad en todo el territorio.

Por su parte, el PP consideró insuficiente el planteamiento de la proposición, al considerar que no incluía medidas concretas. Defendió que la situación de estas familias “exige respuestas concretas y urgentes” y un sistema de protección “robusto”, y criticó la falta de un enfoque integral.