La iniciativa proponía modificar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cuanto al primero, defendía imponer a los okupas, además de las penas por la violencia que mediara, prisión de dos a tres años, y si no constituyen morada, de seis a doce meses.

A la Ley de Enjuiciamiento Criminal se le incorporaría un nuevo apartado en el artículo 544 que establecería que, en caso de indicios fundados de okupación, “el juez o tribunal adoptará motivadamente la medida de desalojo en el plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar, sin necesidad de prestar caución, en tanto en cuanto, una vez requeridos los ocupantes del inmueble, no exhiban el título jurídico que legitime la permanencia en el inmueble”. Además, este tipo de delitos se incluiría en los susceptibles de merecer juicio rápido.

Vox, eso sí, plantea que, “acordado el desalojo, podrán dar cuenta a los servicios sociales municipales a los efectos de facilitar el realojamiento atendiendo a la especial vulnerabilidad de los ocupantes o a las demás circunstancias del caso”. De esa forma pretende distinguir entre los okupas por necesidad y los que no tienen tal situación de vulnerabilidad.

Presentó la iniciativa la diputada Cristina Alicia Esteban, como una “obligación” ante la Ley de Vivienda y en particular su laxitud con los okupas, por añadir “inseguridad jurídica” que vulneraría el derecho a la propiedad privada, que además degrada los barrios, fomenta la violencia y no es “un fenómeno residual” como en países que sí desalojan a los okupas en 24 horas.

Tirando de datos del Ministerio del Interior, dijo que en España hay 45 okupaciones diarias, con un aumento del 62% para llegar a 16.000 el año pasado, y que “la realidad no es una invención de Vox” y sí es “un problema”, aunque lo haya negado, por ejemplo, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

CRÍTICAS A RAJOY

Reprochó al anterior Gobierno de Mariano Rajoy no haber hecho nada al respecto, e incluso haber convertido delitos en meras faltas, y continuó denunciando que parte del actual Ejecutivo “simpatiza con los okupas”, y que hay “menos denuncias pero más okupación”, pese a que muchos perjudicados hayan dejado de confiar en el Estado de derecho para hacerlo en organizaciones como Desokupa.

En el fenómeno incluyó a los “inquiokupas”, los inquilinos que dejan de pagar a pequeños propietarios “que creían que el Estado de derecho los protegía” frente a los inquilinos que terminan recurriendo a la declaración de vulnerabilidad y arruinan a los caseros; un fenómeno que cifró en 80.000 casos. También mencionó a las “mafias de la okupación” que organizan y gestionan el fenómeno, extorsionan a los propietarios y venden contratos falsos a sus clientes

Esteban describió a los grupos de izquierda de la mayoría de investidura que apoyan la Ley de Vivienda como “enemigos del esfuerzo ajeno” y advirtió de que “marcan el paso a Sánchez”, como lo probaría que el PSOE no haya llegado a presentar una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal contra la okupación, como anunció. El jueves, terminó, la Ley de Vivienda terminará de “bendecir la okupación como un método para acceder a una vivienda”, y contribuyendo a la ”descontrucción de España”.

En nombre del PSOE, Manuel Arribas acusó a Vox de “seguir fomentando los bulos” como material para la campaña electoral y al PP de comprarle la mercancía. Aseguró que la mayor parte de okupaciones se producen porque los okupas “no pueden hacer frente al pago” de la vivienda, y criticó que la derecha siempre se ha colocado del lado de los poderosos.

Frente a esa supuesta actitud, presentó como logros la Ley de Vivienda y los 20.000 nuevos pisos que hoy anunció que se destinarán a alquiler asequible el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Senado, como ejemplo de compromiso con los jóvenes.

PP, UNIDAS PODEMOS Y ERC

Por el PP, Soledad Cruz-Guzmán dijo que la okupación se ha consolidado como uno de los problemas más importantes, y que no son pisos vacíos de bancos porque el 90% de los pisos en alquiler están en manos de pequeños propietarios, como casos personales que citó. También aseveró que en Gobierno está “dividido” en sus posiciones sobre la vivienda y la economía en general.

“Con este decretazo se legaliza la okupación”, afirmó, y lamentó que países europeos endurezcan sus medidas mientras España las relaja, y pidió disposiciones concretas como impedir que okupas se empadronen y eximir del IBI a los propietarios cuyas casas se okupen. “Por una vez, protejan a las víctimas y no a los delincuentes”, finalizó.

El diputado de Unidas Podemos Rafael Mayoral tachó la proposición de “bucle”, aseguró que la Constitución proscribe la especulación inmobiliaria, y que no se puede dejar la vivienda en manos de monopolios que imponen los precios. Habiendo tres millones de pisos vacíos, cuestionó que la okupación sea un problema y preguntó cuántos pobres hay que meter en la cárcel.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, dijo que la proposición está “patrocinada por Securitas y por Desokupa”, y preguntó por qué no respetan el derecho a una vivienda digna y sólo el derecho a la propiedad. Seguidamente, pasó a enumerar situaciones de vulnerabilidad y que hay tres millones de viviendas vacías, y que “es un bulo” decir que la desokupación es un problema.

Edmundo Bal, en nombre de Ciudadanos, comenzó criticando que una enmienda conjunta del PSOE con otros grupos de izquierda a la Ley de Vivienda pretende “blindar la okupación”, y echó particularmente en cara que se sumara a ella el PDeCat, porque se van a ”ralentizar” los procedimientos de desalojo. Así, lamentó que se considere que los “sinvergüenzas” son los propietarios y anunció su apoyo a la iniciativa porque además ha acogido medidas de otra de Cs, antes de acusar al Gobierno de reducir la oferta de vivienda en alquiler porque los propietarios tienen “miedo” de arrendarlos.

PNV Y GRUPOS PLURAL Y MIXTO

Mikel Legarda, del PNV, se limitó a decir que no ve oportuno tramitar la iniciativa de Vox porque ya se están tramitando otras sobre la okupación.

Por el Grupo Parlamentario Plural, Genís Boadella, del PDeCat, desmintió la acusación de Bal y echó en cara a la izquierda que no dé salida a los pequeños propietarios a quienes okupan sus pisos y finja que todo es cuestión de fondos de inversión. Ahora bien, justificó su rechazo a la proposición de Vox cuestionando la subida de penas de cárcel que planteaba la proposición.

Joan Baldoví, de Compromís, comenzó bromeando que María y José comenzaron “okupando” un establo porque eran pobres y por tanto Vox habría enviado a su vicepresidente, Javier Ortega Smith, a desalojarlo y encarcelar a los padres de Jesús de Nazaret. Luego señaló que la okupación no está entre los problemas de los españoles y que además ha bajado, y llamó a distinguir entre mafias y personas vulnerables.

Por el Grupo Mixto, el diputado expulsado de Unión del Pueblo Navarro Sergio Sayas dijo que la Ley de Vivienda es “un puente de plata a la okupación” y que el Gobierno pone en el mismo saco a los ”jetas vividores que no quieren dar un palo al agua” y a las personas vulnerables. A los primeros, dijo, habría que desalojarlos, y a las segundas, asistirlas el Estado y no los propietarios privados.

Por el contrario, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, tiró de mitología para denunciar que Vox es “como Dolo”, y fabrica mentiras como que la propiedad privada no se protege. Aseguró que el alquiler en España está dominado por multipropietarios como bancos, fondos y grandes empresarios, y catalogó a Desokupa como una “organización de nazis”.