En su defensa de la norma, Bolaños se preguntó “si realmente puede haber grupos que desoyen la voz de los expertos, la voz de los padres, y prefieren dejar a loe menores desprotegidos en un entorno como el digital”. “Pero lo cierto es que se ha presentado una enmienda a la totalidad”, comentó.

El ministro subrayó que la enmienda a la totalidad presentada por Vox “muestra una total indiferencia hacia los más vulnerables” y añadió que “se pretende enmendar a la totalidad una norma sobre la base de pretendidas conjuras o de una supuesta intención de establecer una dictadura ‘woke’ en nuestro país”.

Tras indicar que la enmienda incluye “algunos párrafos que hacen sonreír” y de estar trufada de “grandes falsedades”, recordó que la edad media de acceso al primer móvil es de 11 años y recalcó que el 99% de los chavales tienen una cuenta en redes sociales y el 99% se conecta todos los días a Internet.

Del mismo modo, afirmó que la edad media de acceso a un contenido pornográfico es de 11 años, y manifestó que el 92% de las familias muestra una “alta preocupación” ante los contenidos a los que acceden sus hijos a Internet y abundó en el hecho de que el 94% de los padres está de acuerdo en limitar o restringir el acceso a Internet de los menores.

Bolaños comentó que esta norma es “pionera en el entorno europeo” al “reconocer a la infancia y a la adolescencia como sujeto de derecho y pretender protegerle en los entornos digitales”.

El ministro desgranó algunos de los elementos que incluyen la ley, entre los que descuellan la obligatoriedad de que los fabricantes incluyan en sus terminales un control parental; la obligación de que los colegios regulen expresamente en uso de los dispositivos móviles y digitales en las aulas y en las actividades extraescolares que ofrezcan; el aumento de la edad de registro en las redes sociales hasta 16 años; la imposición de una obligación para que las plataformas de intercambio de vídeo y los ‘influencers’ establezcan canales de denuncia; y la modificación del Código Penal para incluir la orden de alejamiento digital, entre otras cuestiones.

Por ello, aseveró que la protección de los menores en los entornos digitales “no es una cuestión partidista”, sino una preocupación “ampliamente compartida por nuestra sociedad” y del conjunto de los grupos parlamentarios.

Esto le sirvió para invitar a los grupos a trabajar durante la tramitación parlamentaria para “mejorar, negociar, pulir esta ley”. “Tenemos una oportunidad de hacer una ley de todos para todos”, concluyó.

“CONTROL POLÍTICO” INTERNET

Blanca Armario fue la encargada de defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo a una nueva a la que, en apariencia, “nadie podría negarse a su aprobación”; sin embargo, al entrar en su contenido, se observaría la intención del Gobierno de “excluir” a los padres de la educación de sus hijos. “Los hijos no son del Estado”, exclamó.

Manifestó que si esta iniciativa saliera adelante, se oficializaría la “censura en Internet” para someter a una suerte de “control político” a la Red con el objetivo de “supervisar el contenido incómodo para el PSOE y sus socios”.

Por esa razón, reafirmó la voluntad de su partido de “proteger la infancia y restaurar la inocencia” ante la “ideología perversa” del Gobierno que, a su juicio, rezuma en leyes como ésta.

Nahuel González (Sumar) verbalizó el rechazo de su grupo a la enmienda, cuyo objetivo, desde su punto de pinta, es que “no haya regulación” y que “las grandes tecnológicas campen a sus anchas y las familias se queden solas ante los gigantes que quieren controlar la información y los deseos de nuestros menores”.

Mikel Legarda (PNV) se opuso a la enmienda y consideró necesario desarrollar una norma que “salvaguarda los derechos fundamentales de los niños y los adolescentes en el entorno digital”, a pesar de confiar en pulir en su tramitación afianzar que no hay intromisión en las competencias de las comunidades autónomas y asegurar la “capacidad de innovación” de las compañías tecnológicas.

Pilar Vallugera (ERC) indicó que sería oportuno que esta ley se tramite en la Comisión de Infancia y no en la de Justicia del Congreso, como finalmente sucederá. Tras deslizar que “los padres son más legos que sus hijos” en materia tecnológica y avanzar el rechazo de su grupo a la enmienda, confesó sentirse sorprendida por observar que hay quien piensa que esta ley tiene como finalidad que el Gobierno controle Internet. “Sólo a los fascistas se les ocurriría eso”, testimonió, para, a continuación, avisar de que hay que tener en cuenta el pensamiento de Vox, ya que “eso es lo que harían” sus representantes en caso de gobernar.

Inés María Plaza García (PSOE) conminó a “blindar” a los menores “frente a todas las amenazas que existen” en la Red, lo que le sirvió para atestiguar que “la ley no es opcional, es imprescindible y urgente”.

Luego de informar del rechazo de su grupo a la enmienda, afeó a Vox que busque “la ley de la selva digital” y recordó a este partido que “los niños tienen derechos propios, son sujetos de derechos, reconocidos en la Constitución y en los tratos internacionales”.

“TAPADERA” CORRUPCIÓN

Por último, Juan Luis Pedreño Molina (PP) acusó al Gobierno de no haberse tomado “nunca” en serio la protección de los menores en el entorno digital y reprochó al Ejecutivo que utilice esta ley como “tapadera para tapar los casos de corrupción que le acorralan”, como lo acreditaría que el primer día de debate de la norma haya coincidido con la comparecencia de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante el juez Peinado.

Sin aclarar si el PP apoyaría o rechazaría la enmienda de Vox (finalmente se abstuvo) trasladó a este grupo que “no presentan soluciones alternativas”. A pesar de ello, les concedió que “en algo tienen razón: mientras tengamos a este Gobierno enfrente, no habrá nada que proteja a los menores en Internet”.