La inicitiva de IU fue rechazada con 237 votos en contra, dos abstenciones y 17 votos a favor, estos últimos correspondientes a los diputados de IU, Eusko Alkartasuna (EA) y Euskadiko Eskerra (EE).

La proposición de ley defendida por la diputada de IU Cristina Almeida pedía la libre interrupción del embarazo durante las primeras 16 semanas si la mujer así lo deseaba, la posibilidad de abortar dentro de las 22 primeras semanas en caso de malformación del feto y de hacerlo a lo largo de todo el embarazo en el spuesto de que corriera peligro la vida o salud de la madre. Además, instaba a la regulación del derecho de objeción de conciencia de los médicos.

El PSOE no apoyó la iniciativa de la coalición, a pesar de que la diputada socialista Dolors Renau aseguró que su grupo estudiará qué opción resulta más conveniente: la ley de plazos o incluir en la legislación vigente un cuarto supuesto que permita abortar dependiendo de las condiciones socioeconómicas de la embarazada.

La diputada socialista elogió laintervención de Almeida ante el pleno de la Cámara Baja, pero calificó de catastrofista la redacción de la proposición de ley.

Renau afirmó en rueda de prensa que la ley de plazos, apoyada por Izquierda Unida, defiende mejor la libertad de la mujer, pero agregó que si se tienen en cuenta "los límites (legales) de la propia situación, a lo mejor hay que plantear otras medidas".

"La ampliación de la cobertura legal al cuarto supuesto y la ley de plazos suponen un avance", añadió, "aunque habrá que er qué capacidad tiene la sociedad para aceptar estas soluciones, que a lo mejor necesitan un ritmo más lento de explicación y de transmisión".

NO ES EL MOMENTO

Sin embargo, Cristina Almeida declaró estar convencida de que "las mujeres socialistas van a imponer una ley de plazos. Es una pena que piensen que este no es el momento oportuno".

Almeida criticó la legislación vigente asegurando que se promulgó "tarde y mal" y señalando que "se hizo por una práctica tramposa". La diputada de IU considra que la ley actual favorece la práctica abortiva en las clínicas privadas, donde, manifestó, la inmensa mayoría de las mujeres alegan peligro para su salud psíquica, al contrario de lo que ocurre en las públicas.

Según Almeida, los datos del Insalud revelan que durante el primer trimestre de 1989 más del 98 por ciento de los abortos legales fueron practicados en clínicas privadas, algo similar a lo que ocurrió en 1988, 1987 y 1986.

Además, dudó de la equidad y justicia de la ley actual y expusoel caso de una niña de 14 años que fue víctima de estupro por un hombre de 52 y decidió abortar. La diputada indicó que la niña fue condenada a 4 años de prisión, al no haber sufrido violación.

Una de las razones alegadas por Renau para justificar la falta de apoyo de su grupo a la iniciativa de IU fue la carencia de datos sobre las posibles deficiencias en la aplicación de la legislación vigente.

ESTUDIO SOBRE LA LEY ACTUAL

El pasado mes de septiembre el pleno de la Cámara Baja votó por unanimdad una proposición no de ley presentada por el grupo socialista que instaba al Gobierno a realizar un estudio sobre los problemas y deficiencias que ha planteado la actual ley durante los últimos cuatro años. Renau señaló que dentro de dos meses todos los diputados tendrán en su poder el informe.

Por su parte, Almeida restó credibilidad a esta justificación diciendo que "si quieren estudios yo los tengo", y agregó que "una ley de plazos es perfectamente constitucional".

El vicepresidente primerode la Mesa del Congreso de los Diputados tuvo que llamar al orden a un grupo de mujeres que estaban presenciando el debate plenario en la tribuna de invitados, cuando, tras la intervención de Cristina Almeida, comenzaron a aplaudir.

La diputada del PSOE aseguró que su partido no teme las posibles represalias que pueda tomar un sector del electorado de izquierdas contra su partido por la postura que ha adoptado en este asunto.

EL PP CRITICA A TORRES

Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentaio Popular, Rodrigo Rato, señaló que el PP considera "desafortunada" la actitud del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, que se pronunció a favor de la ampliación del actual marco legislativo.

"Consideramos que sería muy grave", dijo, "que el Partido Socialista intentara recuperar votos por la izquierda ampliando los supuestos comprendidos en la actual ley del aborto".

El portavoz popular recordó que han solicitado al Ejecutivo socialista que realice un estudio sobre el funcionamiento de l legislación vigente y aseguró que van a proponer ante el Parlamento que las madres con escasos o nulos recursos económicos sean ayudadas por las instituciones correspondientes.

En una rueda de prensa anterior al debate plenario, Rato manifestó que los responsables de su grupo parlamentario no iban a dejar libertad de voto a los diputados, al tratarse de un asunto incluido en el programa electoral del PP.

La diputada popular Luisa Fernanda Rudi, que defendió la postura de su partido ante el plenodel Congreso de los Diputados, justificó el voto en contra de su grupo aludiendo a "la defensa de la vida por principios éticos contemplados en el derecho natural".

Para Luisa Fernanda Rudi, "hay otros problemas más importantes que preocupan a la mujer española, como, por ejemplo, el derecho a un empleo digno".

Por su parte, la diputada de EE Koro Garmendia justificó el voto afirmativo de su partido a la proposición de ley de IU-IC manifestando que "es una ley de plazos que nos gustaría mejorar e el trámite de enmiendas y porque en EE estamos convencidos de que una ley de plazos es la única solución real al problema de la interrupción voluntaria del embarazo".

"A REMOLQUE DE LA REALIDAD"

Garmendia dijo que sentía un poco de vergüenza, "porque los hombres y las mujeres que estamos aquí somos los que tenemos la responsabilidad de adecuar las normas a la realidad social y en este caso estamos fallando".

Asimismo, indicó que "los señores y señoras diputados vamos muy a remolque de la realiad social". Dirigiéndose a los escaños socialistas dijo que "los que estamos en esta Cámara tenemos que acabar dando una solución, y como la llave la tiene el grupo que sostiene el Gobierno queremos pedirles que encaren el problema de una vez con valentía".

Eusko Alkartasuna fue la otra formación política que apoyó la iniciativa de Izquierda Unida. Su diputada Esther Larrañaga lamentó las deficiencias de la ley de 1985, que en la actualidad regula el aborto.

"Sólo un 4 por ciento de las interrupcones", agregó, "se realizan en centros públicos, en tanto que el 96 por ciento restante se realiza en centros privados, lo que nos debe hacer reflexionar sobre la discriminación económico-social que ello encierra".

El centrista Carlos Revilla aludió al prometido estudio del Ejecutivo para fijar la postura de su grupo. Para el parlamentario del CDS, hasta que el Gobierno no haya finalizado el informe no debe modificarse la ley.

El grupo catalán fue el único que mencionó razones demográficas para mstrar su oposición a la iniciativa de IU-IC. El diputado de Convergència i Unió Jordi Casas aseeguró que en el año 2000 la sociedad española tendrá un índice de crecimiento cero.