Durante el debate de la iniciativa, por Sumar, el diputado Félix Alonso subrayó que un niño en España, en función de su nivel de renta, “puede llegar a ver el doble de anuncios de comida basura que otro”, convencido de que “no es solo el doble de posibilidades de comer mal, es también el doble de probabilidad de enfermar”.

“No es casualidad, tampoco es genética. Es estrategia comercial. Es código postal”, abundó, al tiempo que subrayó que se estima que los niños de 7 a 12 años están expuestos a 25 anuncios de televisión al día de alimentos y bebidas y que “el 80% de ellos no deberían consumirse de manera habitual”. A este respecto, criticó que “mientras nuestros niños enferman, llevamos años confiando en el código de autorregulación de la industria”, convencido de que “el código no ha servido”.

“Esto no es un invento de los comunistas de Sumar. Es una ley que aplica los criterios de la OMS, clasifica alimentos según composición nutricional, adaptado a la realidad española, con excepciones como la leche o el aceite de oliva”, explicó, al tiempo que mencionó a países como Reino Unido, Irlanda, Suecia, Chile, Portugal, Noruega, que, a su entender, “han ido más lejos que nosotros y funciona”.

En paralelo, admitió que esta ley “no soluciona los horarios ni los atascos, pero sí puede decir basta a normalizar que un niño cene precocinados mientras le venden más precocinados en la televisión”.

VARIAS MEDIDAS

En este contexto, puntualizó que la proposición de Sumar abogaba por implementar varias medidas, la primera de las cuales es la prohibición de publicidad de productos que no cumplan perfiles OMS en cualquier medio que puedan ver menores, incluyendo televisión, TikTok, YouTube, Instagram, videojuegos y cartelería.

Asimismo, preveía advertencias obligatorias, sellos en negro que ocupen al menos el 20% del anuncio, “que se vea bien claro si es alto en azúcares o alto en grasas saturadas”. Junto a ello, establecía zonas de “especial protección”, esto es, según el diputado, “ni un anuncio de este tipo en 150 metros alrededor de los colegios, parques, instalaciones deportivas, bibliotecas, centros de salud”.

Además, buscaba decir “adiós a personajes, mascotas y dibujos si el producto no es saludable” e incluía el control del entorno digital restringiendo la publicidad de comida basura a menores.

BEBIDAS ENERGÉTICAS

Por otra parte, contemplaba la regulación “expresa” de las, a su juicio, “mal llamadas” bebidas energéticas, de modo que las que contengan más de 15 miligramos de cafeína por 100 mililitros estarían prohibidas para menores de 16 años y las de más de 32 miligramos, para los menores de 18.

Por último, impulsaba un “fomento activo” de la alimentación saludable, con campañas informativas, huertos escolares, formación del profesorado y un registro público de alimentos que cumplan con los perfiles de la OMS.

“No estamos en contra de la publicidad, estamos contra del bombardeo constante a los menores”, apostilló, al tiempo que avanzó que el régimen sancionador incorporaba multas de hasta 600.000 euros y en casos graves hasta ocho veces la facturación y que la industria tendrá seis meses de margen para adaptar campañas y reformular productos.

PP

Por el PP, María Elisa Vedrina indicó que la iniciativa “parte de una preocupación legítima” si bien hizo hincapié en las “debilidades” de la norma, como son el modo de tramitación, que, a su juicio, “revela la dificultad del Ejecutivo de alcanzar un consenso” y la “evidente limitación del enfoque desde el que pretenden abordar un desafío sanitario, educativo y social de enorme complejidad”.

A su entender, la obesidad infantil “exige una respuesta mucho más poliédrica. Precisa de un gobierno limpio, que no esté dividido y que trabaje colegiadamente con los mejores instrumentos a su disposición. Exige que el avance de las medidas se dirija certeramente a dotar a las familias, a las entidades locales, a las comunidades autónomas, de los recursos suficientes para que puedan permitirse estilos de vida y de alimentación saludables”, sentenció.

PSOE

Por el PSOE, Noelia Cobo reivindicó que infancia y adolescencia “requieren una protección reforzada frente a la publicidad de alimentos y bebidas insanas que condiciona sus hábitos y pone en riesgo su salud presente y futura”. “Actuar es una obligación ineludible de los poderes públicos”, abundó, y aseveró que “la libertad de empresa y la actividad publicitaria no pueden prevalecer sobre el derecho de niños, niñas, adolescentes a crecer en un entorno saludable”.

“Los socialistas vamos a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa por coherencia con nuestros principios y con aquello en lo que creemos, que los poderes públicos tienen la obligación de proteger especialmente a quien se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad”, apostilló, al tiempo que destacó que el contenido de la propuesta “se sitúa en la misma dirección que las prioridades que tiene nuestro gobierno, la reducción de la obesidad infantil” si bien afirmó que la ley es “mejorable”.

RESTO DE GRUPOS

Por Vox, Tomás Fernández denunció el “penúltimo intento de algunos para que el Estado se convierta, no ya en el árbitro, sino en tutor moral, nutricionista oficial y el vigilante permanente de las decisiones privadas de los ciudadanos” y consideró “profundamente intervencionista, paternalista y absolutamente desproporcionada” la norma.

Por Junts, Marta Madrenas señaló que la lucha contra la obesidad infantil y juvenil es, a su juicio, “un objetivo necesario y compartido” por su grupo, convencida de que es un problema de salud pública “muy real”, si bien tildó de “poco rigurosa” la iniciativa, así como “jurídicamente deficiente” además de que invade competencias propias de la Generalitat.

Desde ERC, Jordi Salvador celebró que la ley “rompe con un fracaso de 15 años” de la autorregulación del sector, si bien aseveró que su respaldo a la norma no significa que esta sea “completa” dado que, entre otras cuestiones, “regular los anuncios y no tocar los precios, está bien, pero no es suficiente”.

Por Bildu, Mikel Otero vio “razonable” que el Congreso “actúe sobre uno de los factores que influyen en los hábitos alimentarios de la infancia”, como es la publicidad de productos no saludables dirigida a menores y que la proposición “intente actualizar” un marco regulatorio que “claramente se ha quedado atrás frente a la realidad digital actual”.

Desde el PNV, Maribel Vaquero estimó que no se trata de una medida “necesaria e idónea ni proporcional” y criticó que la proposición de ley preveía “desmarcarse de los códigos de autorregulación para implantar una completa regulación al efecto” pero “sin realizarlo bajo una técnica normativa adecuada” y se preguntó por qué no ha sido presentada por el Gobierno y no solo por Sumar.

Finalmente, por el BNG, Néstor Rego juzgó “preciso” la aprobación de esta norma, si bien consideró que solo podría ser “efectiva si se acompaña de otras de mayor calado”.