La norma, rechazada a finales de 2025 en el Pleno, fue rescatada por Sumar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propusiera una medida similar y de que Vox abriera la puerta a adoptar una acción de este tipo, si bien los de Santiago Abascal precisaron después que la medida de Sumar no es la misma y que, además, ellos no quieren respaldar ningún texto que provenga del actual Ejecutivo.

En el Pleno de la Cámara Baja, el diputado de Sumar Alberto Ibáñez dijo que esta era una “segunda oportunidad” para aprobar esta norma y dar seguridad a la ciudadanía ante los que especulan con la vivienda, aunque en estos meses “nos hemos dejado a mucha gente por el camino”.

En su alocución, señaló que sería “curioso” que Vox, que “sigue la luz del trumpismo”, ahora, “por primera vez, se revelen”, porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido que se prohíba que las corporaciones puedan comprar viviendas.

Al PP, Ibáñez le espetó que en Alicante, la construcción de vivienda social “se la han repartido o choriceado los amiguetes”, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compra un ático con recursos públicos.

También se lanzó contra Junts, a quienes exigió que permitan la tramitación de la medida, porque “con su voto no van a bloquear a España ni a la mayoría progresista, sino la esperanza de las familias trabajadoras y de la clase media del país”.

Igualmente, recordó al PSOE que hace meses se abstuvo y le demandó que ahora “hagan un esfuerzo para cambiar su voto de la abstención al sí”, porque la ciudadanía necesita ver que “somos capaces de ceder, de avanzar y, por qué no, acordar entre diferentes”.

“La situación ha empeorado muchísimo. Lleva 49 trimestres empeorando y, si seguimos haciendo lo mismo, nada hace sospechar que la cosa vaya a poder cambiar”, previno Ibáñez, quien imploró a los 350 diputados: “Cuando aprieten el botón, no piensen en quién redactó la iniciativa, en si la legislatura va a durar mucho o poco. Piensen en aquella gente que tiene ansiedad cuando abre el correo porque un fondo buitre le ha expulsado de su casa. Cuando aprieten el botón, piensen en aquella gente que es incapaz de poder dormir, ni con Lorazepam, porque tiene pánico a si va a poder pagar el alquiler o el agua de su casa”.

En nombre del socio mayoritario del Gobierno, la diputada Irene Jódar, que no explicitó el sentido del voto de su partido, centró su discurso en criticar al PP por no aplicar la ley de vivienda actual en las comunidades que Gobierna y ensalzó las políticas impulsadas desde el Ejecutivo central, incluida la entrega reciente de los primeros 1.000 millones a las autonomías. “¿Van a rechazar ese dinero porque viene del Gobierno de España, del malo de Pedro Sánchez, o van a ponerse a trabajar de una vez?”, inquirió, antes de presumir de que “la Comisión Europea copia” las políticas de este Ejecutivo.

DESCOMPOSICIÓN

Desde la oposición, el diputado del PP Miguel Ángel Sastre arremetió contra el Gobierno por sus políticas “fallidas” de vivienda y denunciando que quieran hacer creer que el problema es que hace falta “más dosis” de las mismas y que, en consecuencia, si no se ha resuelto el acceso de las familias a la vivienda es porque las comunidades del PP no piden las zonas tensionadas. Afirmó que Cataluña si lo ha hecho y manifestó que esto ha supuesto que la oferta ha caído con fuerza.

“La vivienda es el reflejo perfecto de la descomposición de este Gobierno”, disparó Sastre, quien demandó ir en “sentido opuesto”, reduciendo la burocracia excesiva, aumentar la mano de obra al propietario frente a quien no “quiere pagarle”. En consecuencia, proclamó que hace falta “un cambio de Gobierno” y exhortó a que no se pierda “la esperanza”, porque su partido la traerá.

Con dureza contra Sumar se expresó también Vox, cuyo diputado Carlos Hernández afeó el “papelón” del socio minoritario del Ejecutivo que, tras ocho años de Gobierno, solo han transformado Sepes en Casa 47 para “enchufar a algunos amiguetes” y han anunciado 800 viviendas, que es lo que se hacía en “una mala tarde” en las décadas de los 60 o de los 80. Asimismo, reprobó que “ni siquiera se pone por delante la prioridad nacional, a los de casa”, a aquellos que “han contribuido” con sus impuestos.

Desde Junts, Marta Madrenas anunció a Sumar que, si presentan una iniciativa donde solo se prohíba la compra de vivienda a fondos buitre, ellos la apoyarían. “Mañana mismo”, reforzó la parlamentaria de Junts, quien puso el ejemplo de que, con esta ley, una cooperativa de jóvenes no podría adquirir inmuebles y, sin embargo, una persona como Florentino Pérez podría comprar 100 pisos en Barcelona a título particular. “¡Magnífica política para la clase media y trabajadora!”, ironizó.

Por su parte, el BNG,, Podemos, Esquerra Republicana y Bildu se posicionaron a favor del texto, mientras que el PNV se mostró crítico y solicitó un debate “en profundidad” sobre el problema de la vivienda en conjunto.

PROHIBICIÓN CON EXEPCIONES

La propuesta parte de la base de que el derecho al disfrute de la vivienda se predica de las personas físicas, mientras que la propiedad en manos de personas jurídicas "no responde al derecho de uso y disfrute de la experiencia vital, sino a la concepción de la vivienda como bien de inversión para obtener beneficios económicos".

Por ello, la modificación del artículo 10 de la ley vigente de vivienda limitaría "a las personas físicas la posibilidad de transmisión en calidad de adquirentes, tanto a título oneroso como gratuito, de la propiedad de viviendas en estado de uso".

La limitación, no obstante, contaría con excepciones. Podrían adquirir viviendas entidades como asociaciones, agentes económicos y sociales, entidades religiosas, organizaciones sin ánimo de lucro y ONG para el Desarrollo. Sin embargo, esta excepción se aplicaría únicamente para finalidades concretas, como la adquisición de su sede social, residencias para personas con atención sociosanitaria, inmuebles para proteger a víctimas de violencia de género o para colectivos socialmente vulnerables, así como para fines de culto, enseñanza u ocio educativo.

La proposición de ley incluye una disposición transitoria para que la nueva norma no se aplique a las transmisiones de propiedad que ya se hubieran elevado a escritura pública antes de su entrada en vigor.