La diputada del PP Lourdes Ramírez manifestó que el debate trasciende el ámbito cultural para situarse en el terreno de los derechos fundamentales. “Hoy hablamos con rigor de derechos, del derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad de condiciones en la vida social, cultural y comunitaria de nuestro país”, afirmó. Ramírez añadió que “la accesibilidad universal no es una opción ni una concesión, sino un derecho exigible reconocido en nuestro ordenamiento jurídico”.

Explicó que la falta de accesibilidad no constituye una mera deficiencia organizativa, sino una forma de exclusión: “Cuando ese derecho no se garantiza, lo que se produce no es una simple carencia, sino una exclusión real”. La parlamentaria popular señaló que, pese a los avances normativos, persisten barreras físicas, sensoriales y organizativas que dificultan el acceso de este colectivo a eventos culturales como los festivales de música, especialmente cuando se celebran en espacios efímeros o enclaves naturales. “En demasiadas ocasiones las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos que limitan su participación”, lamentó.

Como ejemplo de buenas prácticas, Ramírez destacó el caso del Cooltural Fest de Almería, que implementó más de medio centenar de medidas de accesibilidad (como itinerarios adaptados, subtitulado en directo, intérpretes de lengua de signos o mochilas vibratorias para personas sordas) e incrementó la participación de personas con discapacidad. A su juicio, este modelo demuestra que “la inclusión no solo es posible, sino que mejora la calidad del propio evento”.

Asimismo, vinculó estos avances al impulso de políticas públicas en Andalucía, al señalar que “la accesibilidad no es un eslogan, sino una línea estratégica de gobierno”, con medidas que combinan inclusión, empleo y autonomía personal. En este marco, defendió que la iniciativa busca trasladar ese enfoque al ámbito cultural mediante instrumentos concretos que permitan pasar “de experiencias aisladas a un modelo sistemático”.

SELLO DE CALIDAD

La iniciativa aprobada plantea, entre otras medidas, la creación de un grupo de trabajo en colaboración con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Derechos Sociales y el sector de los festivales para elaborar un manual de buenas prácticas en accesibilidad, conforme a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013. También propone impulsar un sello de calidad en accesibilidad para eventos culturales en espacios efímeros y reforzar los requisitos de accesibilidad en los procesos de autorización.

Además, el texto apuesta por incorporar criterios inclusivos en todas las fases del evento, desde la comunicación hasta las actividades paralelas, y por promover una línea de ayudas específicas, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), para facilitar "la implementación de medidas innovadoras tanto en el sector público como en el privado".

La proposición no de ley incide igualmente en la necesidad de aprovechar los fondos europeos para financiar proyectos de accesibilidad y avanzar hacia un modelo en el que estas medidas dejen de ser excepcionales para convertirse en un estándar.