La admisión a trámite de la iniciativa fue debatida en el Pleno de la Cámara Baja, donde la propuesta sumó el apoyo de socios tradicionales del Gobierno y también del PP y Ciudadanos, aunque estas últimas formaciones criticaron la política penitenciaria del Ejecutivo y el acercamiento de los presos de ETA.

Anunciaron que apoyarían la toma en consideración Unidas Podemos, PP, Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, PRC, PDeCAT y Junts. Al mismo tiempo, Vox no aclaró su voto, aunque señaló que reconocer como “agentes de la autoridad” a los funcionarios de prisiones era “de justicia”.

Por el contrario, adelantaron su voto en contra ERC, EH Bildu y la CUP, al estimar que el PSOE estaba accediendo a una “histórica reivindicación” de la derecha.

“JUSTAS REIVINDICACIONES”

En la defensa de la iniciativa de los socialistas, su diputado David Serrada señaló que la propuesta que hacían eran fruto del “diálogo” para atender las “justas reivindicaciones” de los sindicatos de funcionarios de prisiones, una representación de los cuales se encontraba en el Congreso siguiendo el debate.

Serrada explicó que los tres puntos principales del cambio legal era definir a los funcionarios de prisiones como “agentes de la autoridad”, lo que les dará mayor “protección” frente a las agresiones; reconocer la “relevancia probatoria” de sus informes; y garantizar que son indemnizados en caso de ataques de los reclusos.

Por su parte, Ana Vázquez, en nombre del PP, se refirió a que su partido votaría a favor de la toma en consideración de la propuesta del PSOE porque era “necesaria”, aunque “totalmente insuficiente”. No obstante, advirtió de que los populares rechazarán la modificación legal en el trámite parlamentario si el fin último no es que los funcionarios de prisiones no tengan un “estatuto” propio como empleados públicos.

Asimismo, María Teresa López, de Vox, indicó que, aunque es “de justicia” que los trabajadores de las cárceles sean “agentes de la autoridad”, se trata de “humo” y sólo un “pasito” para mejorar su situación, ya que llevan mucho tiempo “abandonados”. Asimismo, Miguel Gutiérrez, por parte de Ciudadanos, señaló que su partido había planteado “muchísimas veces” lo que ahora proponía el PSOE.

“REFORMA PUNITIVISTA”

Al mismo tiempo, los representantes de PP, Vox y Ciudadanos coincidieron en pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del secretario general de Instituciones Penitencias, Ángel Luis Ortiz, por su política de acercamiento de presos de ETA y por haber perjudicado con ello la credibilidad de esta institución.

Además, Mikel Legarda, en nombre del PNV, explicó que su partido apoyaba reforzar legalmente a los funcionarios de prisiones porque el “principio de autoridad” es fundamental en las cárceles. No obstante, se refirió a que la “conflictividad” en estos centros también se debe a la falta de personal o a la necesidad de impulsar más la “justicia retributiva”.

Asimismo, Juan Antonio Delgado, en nombre de Unidas Podemos, se refirió a que la iniciativa de los socialistas era un “primer paso” para mejorar las “condiciones sociolaborales” de los empleados de las cárceles, con los que dijo no siempre se ha estado “a la altura”.

En cuanto a los que se manifestaron en contra, Carolina Telechea, de ERC, dijo que la iniciativa de los socialistas no iba “a cambiar nada” en las cárceles, mientras que Jon Iñarritu, de EH Bildu, apuntó que la reforma generará “más problemas que ventajas”. Además, Mireia Vehí, de la CUP, dijo que se estaba impulsando una “reforma punitivista” que era una “histórica reivindicación conservadora y de derechas”.