Durante el debate, la diputada de Junts Marta Madrenas había dejado en el aire su apoyo a esta tramitación, que era clave para que saliera adelante. En concreto, la diputada de la formación nacionalista apeló a una supuesta invasión competencial en dicha proposición. "Esta proposición establece un régimen muy completo de publicidad, contratación, verificación previa de licencias y sanción. Siento decirle que todos estos ámbitos en Cataluña ya están regulados", aclaró Madrenas, quien aseveró que estas desviaciones en las normas han de ser solucionadas en los parlamentos autonómicos.

Asimismo, aclaró que el Tribunal Constitucional ya fijo que esta normativa es competencia de la comunidad autónoma de Cataluña. "Esta proposición, en el caso de Cataluña, duplica la normativa e invade parcialmente competencias que son exclusivas de la Generalitat, algo que considera perjudicial", avisó, quien afirmó que desde Cataluña prefieren una legislación "sin injerencias" ya que "no les va bien cuando se legisla desde Madrid".

Madrenas también criticó que en la proposición planteada por Junts se cruza el limite y se habla también de los alquileres temporales algo que también supone una invasión en el ámbito competencial catalán.

MATUTE DEFIENDE EL RESPETO COMPENTENCIAL

Esta impresión contrasta con la afirmación del diputado de Bildu Oskar Matute, quien en la defensa de esta admisión a trámite aseguró que esta norma posee un respeto "escrupuloso" al marco competencial de las autonomías. "Nos movemos en el mismo respeto competencias que exhibimos en 2023 cuando pedimos que esta materia fuese excluida de la Ley de Vivienda", indicó Matute, quien destacó que esta ley pretende que las plataformas digitales dejen de ser un "espacio de impunidad".

"No sobreabunda en la regulación, pretende regular un espacio sin ley en el que las instituciones siempre regulan a posteriori", afirmó el diputado de formación independentista, quien aseveró que esta ley recoge los mandatos del reglamento de la UE sobre pisos turísticos. "La realidad a día de hoy es que entre un 40% y un 90% de las viviendas que se ofertan en las grandes plataformas son viviendas turísticas irregulares o ilegales, eso está provocando una ruptura del equilibrio social", indicó.

Pese a estos argumentos otras formaciones nacionalistas también le reprocharon a Bildu esta supuesta invasión competencial. "En su lectura he creído reconocer más una propuesta de ámbito estatal que de un partido independentista", ironizó la diputada del PNV Idoia Sagastizabal, quien afeó el uso de territorio nacional cuando se habla de España, algo "contradictorio" cuando se trata de una formación que reivindica la nación vasca.

Sagastizabal aseguró que desde el Gobierno vasco se está legislando para imponer un régimen más sancionador y medidas más duras en ayuntamientos de Euskadi, con la prohibición de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) en zonas tensionadas y puso como ejemplo el caso de San Sebastián, quien bajo el mandato del alcalde Eneko Goia ha conseguido reducir las viviendas turística de 2.200 a 1.500 viviendas.

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido también reprochó la duplicidad de órganos que introduce esta Proposición. "No queremos que se le complique más la vida a la gente ni más burocracia"; aseguró la diputada canaria, quien recordó que son las comunidades autónomas las que tienen que enfrentar este asuntos. "Son las comunidades, que están sobre el territorio, las que conocen este asunto. Donde hay un exceso de camas hoteleras y dónde hay sobrepoblación", indicó.

También apoyó esta iniciativa el diputado del BNG Néstor Rego, quien lamentó que la crisis de vivienda es el principal problema que atenaza a la sociedad gallega. "En Galicia tenemos alquileres completamente disparado que impiden a un chico o una chica emprender un proyecto de vida. En este asunto juegan un papel fundamental los alquileres turísticos que proliferaron gracias a una regulación laxa e insuficiente", lamentó Rego, quien indicó que esta situación esta causada tanto por las administraciones autonómicas que no regulan como por un Gobierno Central que se niega a dar una regulación más contundente a asuntos como los alquileres de temporada.

Para la diputada de Podemos Noemí Santana hay vigente un "modelo depredador" que "devora los barrios, los ecosistemas y hasta la propia vida". "Esta propuesta, que viene de EH Bildu, es positiva porque trata de poner fin a todo este despropósito", explicó Santana, quien pide un mayor compromiso a las administraciones para hacer inspecciones que persigan las malas prácticas.

COMPETENCIA DESLEAL Y FRAUDE

En un tono crítico, la diputada de ERC Etna Estrems afirmó que esta competencia desaforada perjudica a los ciudadanos que tratan de alquilar una vivienda. "La actual falta de regulación beneficia a las grandes plataformas y los gigantes digitales. No comprueban la licencia ni los números de registro porque no les interesa", denunció Estrems, quien aseveró que las plataformas ganan millonadas.

"Ellos el único objetivo que tienen es crecer y cobrar más y más de cada comisión. Ellos el único objetivo que tienen es ser cada día más ricos y lo que generan es un mercado paralelo fuera de control", denunció la diputada de formación independentista, quien aseguró que esta normativa no invade competencias y "pone orden" en un mercado desregulado.

En la misma línea se mostró el diputado de Sumar Carlos Martín Urriza, quien se felicitó de que gracias al registro único establecido por el Ministerio de Vivienda se han eliminado 65.000 viviendas de Airbnb y 4.000 de Booking. Martín, quien aprovechó su intervención para defender a los vecinos de varios bloques que luchan contra 'fondos buitres' que los quieren echar de su casa (General Lacy 22 o Modesto Lafuente, 8 en Madrid), recordó que su grupo impulsa junto al Sindicato de Inquilinos para transformar en indefinidos los contratos de alquiler.

"Lo que habría que hacer es prohibir los pisos turísticos y los alquileres de temporada en las zonas tensionada. Hemos llegado a un extremo que quienes dan vida a las ciudades ya no pueden vivir en ellas", aseveró el diputado de la formación fundada por Yolanda Díaz, quien aprovechó su intervención para criticar el "insuficiente" Plan Estatal de Vivienda, que supone una cantidad "pírrica" comparado con lo que el estado va a gastar en vivienda.

El diputado del PSOE Gabriel Blanco recordó que España es "referente" a la hora de aplicar la normativa europea de alojamientos de corta duración. "Los socialista creemos que se puede buscar un equilibrio entre turismo y vida en los barrios", afirmó Blanco, quien indicó que la propuesta de Bildu merece un examen "sosegado" para no colisionar con el ordenamiento jurídico.

En su intervención, reivindicó el trabajo del Gobierno en lo que definió como una lucha "eficaz" contra los alojamientos turísticos ilegales. "Tenemos 54.000 pisos que tendrán que volver al mercado del alquiler porque antes se encontraban en una situación de fraude", aseguró.

PP Y VOX VOTARÁN EN CONTRA

Por su parte, tanto PP como Vox anunciaron su voto en contra de esta iniciativa. Para el diputado del PP Miguel Ángel Sastre, existe una "simbiosis" entre el Gobierno y Bildu. "Nosotros no vamos a aceptar las lecciones de vivienda, no olvidamos de dónde vienen", afirmó, a la vez que aseveró que la izquierda proyecta en sus enemigos políticos el problema de la vivienda, cuando es su responsabilidad. "Cuando nosotros salimos del Gobierno, este era el problema número 15, hoy es el 1", afirmó.

"Son ustedes el problema, aplicar recetas erróneas y en cuanto no funcionan, descargan la responsabilidad en otros", lamentó el diputado popular, quien afirmó que la solución no pasa por imponer prohibiciones sino por construir más vivienda, bajar impuestos y proteger al propietario con "tolerancia cero" con la okupación.

En la misma línea se posicionó el diputado de Vox Ignacio de Hoces, quien afirmó que esta propuesta es "una ocurrencia". "Bildu con esta medida lo que quiere es destruir la unidad nacional", afirmó Hoces, quien denunció que Bildu solo conoce tres tipos de vivienda: los pisos patera, los pisos francos y los zulos.

Por último, concluyo su intervención afirmando que esta ley ignora los verdaderos problemas de la vivienda en España: la regulación y la burocracia en el suelo, la falta de vivienda, los impuestos confiscatorios y la inmigración descontrolada.