La mayoría de los grupos se mostraron a favor de la iniciativa durante el debate celebrado en el pleno de este martes, en el que muchos de ellos aprovecharon para cargar contra la norma, la cual entró en vigor en abril de 2025 e incluye la obligatoriedad de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) para resolver conflictos sin necesidad de iniciar un proceso judicial y evitar así el colapso de la Justicia.

Durante su defensa, el diputado del PNV Mikel Legarda reconoció que su formación apoyó su aprobación, pero que el tiempo ha puesto de manifiesto "alguno de sus efectos adversos", lo que "aconseja su modificación puntual" para exonerar de este requisito a los procedimientos civiles de familia en los que se vean involucrados menores, recordando que es algo que reclaman diversos operadores jurídicos, como los abogados de familia.

Así, hizo referencia, entre otros, a asuntos como las pensiones alimenticias, el uso del domicilio familiar, las custodias, el régimen de visitas o la elección del centro escolar, incidiendo en que es clave "no dilatar" su resolución con un "obligatorio trámite previo a la demanda", pues "expone a los menores a situaciones perjudiciales de incertidumbre que les desprotege".

Por ello, su iniciativa quiere excluir esa obligatoriedad de acudir a los medios extrajudiciales ante la interposición de una demanda de "separación, divorcio y nulidad matrimonial o de medidas paterno filiales, la solicitud de medidas cautelares, medidas provisionales previas a la demanda y la demanda de modificación de medidas", cuando en dichos procedimientos se soliciten, entre otras medidas, "las que afecten a derechos de los menores".

E hizo extensiva esta reclamación de acabar con los MASC en estas causas si implican a una ciudadano extranjero, pues este puede adelantarse presentando la demanda y reclamar la competencia para los juzgados de su país.

"DEMORAS E INSEGURIDAD"

Por parte del PP, María Jesús Moro comenzó dejando claro que su formación no está en contra de los MASC, sino de que sea un requisito obligatorio, algo que, señaló, es la "marca del Gobierno" al "imponer y no escuchar". Y subrayó que estas herramientas extrajudiciales están provocando "demoras e inseguridad jurídica", las cuales, dijo, son "especialmente graves" en decisiones que requieren una respuesta rápida, como las relacionadas con los menores.

Desde el BNG, Néstor Rego comenzó criticando los MASC, remarcando que ya reclamaron que fuese una figura voluntaria. Por ello, vio con buenos ojos "matizar" la regulación para excluir algunos supuestos, como los que se debatían, pues estos medios suponen "una barrera burocrática cuando el interés superior del menor exige la máxima agilidad en la toma de decisiones".

Además, cargó contra la Ley señalando que la imposición obligatoria de mecanismos extrajudiciales para la resolución de los conflictos "no es la panacea para la reducción de la litigiosidad y el número de casos tramitados", para lo cual consideró que hacen falta más medios humanos y técnicos.

Por parte de Junts, Josep Pagès cargó contra este nuevo modelo de Justicia implantado por el ministerio "sin planificación, sin coordinación con los profesionales y sin dotación presupuestaria", además de por esa exigencia de los MASC, lo que consideró "un grave error". Y señaló que, en el caso de los procedimientos que implican a menores, tiene un "efecto negativo", pues lo "prioritario" es la intervención del juez.

Desde Sumar, Enrique Santiago defendió los MASC y señaló que "no existe evidencia" de que supongan un riesgo para los menores, considerando que es pronto para afirmarlo y que la norma necesita tiempo para "ser valorada". Asimismo, remarcó que en los procesos de familia con menores "una solución impuesta judicialmente no siempre es lo mejor" y pidió más recursos para "garantizar la agilidad". Eso sí, se mostró a favor de apoyar la iniciativa para "debatir con mayor profundidad sobre las mejoras propuestas".

VOX VE "OPORTUNISMO" DEL PNV

Carina Mejías, de Vox, aprovechó para cargar contra el PNV y Legarda por haber apoyado en su momento la norma y ahora solicitar su reforma. Le acusó de "puro oportunismo" y de apoyar una ley para "cobrarse su chantaje político por anticipado". Aun así, reconoció que la ley ha provocado "más retrasos y más inseguridad jurídica", acusando de "cómplices" a los nacionalistas vascos. Por ello, anunció que apoyarían la iniciativa, porque los menores "necesitan una tutela judicial efectiva". Eso sí, exigió a Legarda que explicara "por qué la aprobaron" y "qué recibieron a cambio".

También dio su visto bueno a la toma en consideración el PSOE, partido que, en boca de su diputado Joaquín Martínez, defendió los MASC, aunque dijo compartir la "preocupación que inspira" la iniciativa que se debatía para que "ningún trámite dificulte la protección del menor". Pidió que se permita que la doctrina "se consolide", matizando que "si la experiencia demuestra que las excepciones actuales no son suficientes o que este requisito está afectando a la protección de los menores", hay que "actuar". Por ello, aseguró que votarán a favor porque, "si algo necesita corregirse, habrá que corregirlo". Y destacó que "modificar una ley no es improvisar", sino "escuchar, evaluar y corregir cuando hace falta".

Únicamente mostró su rechazo público ERC, cuya diputada Pilar Valluguera consideró que "los frutos" de esta ley se verán "dentro de un tiempo". Y afeó los argumentos de quienes dicen que los temas de familia antes se solucionaban "en tres días" y que ahora, con los MASC, se tarda "una eternidad". Apoyó sin dudar las medidas extrajudiciales por ser "fundamentales", subrayó que en Cataluña apuestan por ellas y únicamente consideró necesaria la modificación en los temas de extranjería, pero no a través de esta proposición de ley.