Fuentes cercanas a la Consejería de Sanidad explicaron a Servimedia que “no hay ninguna relación de esta Consejería con ningún particular, ya se apellide Gómez, Pérez o González”, en referencia, en tono irónico, a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, vinculado a este grupo empresarial y denunciado por la Fiscalía por dos presuntos delitos de fraude fiscal.

También recordaron que el modelo asistencial de la Comunidad de Madrid está basado en la colaboración público-privada, con la titularidad pública de todos sus hospitales. Por tanto, defendieron que “no se ha producido ninguna privatización de la Sanidad”, y que “los procedimientos que llevan aparejados los contratos de concesión de los hospitales son transparentes y garantistas”.

Además, señalaron que el incremento de gasto en los hospitales de gestión indirecta “no ha sido mayor que en años anteriores”, sino que han sido “los hospitales de gestión directa los que han ido ganando mayor peso en las cuentas públicas regionales".

La liquidación se realiza con carácter anual, justo a la finalización del ejercicio en que se ha desarrollado la actividad, mediante “un proceso muy riguroso, que consta de distintas fases garantistas e incluye hasta tres auditorías: de aseguramiento, de datos y de actividad”. Para solventar las dilaciones en los tiempos administrativos, las fuentes de la Consejería apuntaron a que el Ejecutivo regional “ha aumentado la dotación de recursos humanos, informáticos y de digitalización”.

QUIRÓN

Estas fuentes subrayaron la diferencia entre Quirón Salud y Quirón Prevención, y apuntaron a que “en términos jurídicos y de actividad son compañías diferentes”. Así, aseguraron que la Comunidad de Madrid es una entre las muchas administraciones publicas de España que contrata servicios con el Grupo Quirón”.

"En el caso de Quirón Prevención, desde 2019 el Gobierno de España ha gastado 15 veces más que la Comunidad de Madrid. En total, Madrid ha supuesto en dicho periodo el 5% del gasto que Quirón Prevención ha generado para el conjunto de las Administraciones Públicas”, destacaron.

En este sentido, apuntaron a que algunos contratos realizados con Quirón Prevención durante los últimos cuatro años por administraciones socialistas han sido con el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior, la Agencia Estatal de Investigación, la Diputación de Albacete o los Ayuntamientos de Haro, Orihuela o Leganés, entre otros.

En el caso de la región madrileña, Quirón Prevención, según estas fuentes, “realiza desde 2018 los chequeos médicos a trabajadores de la Administración autonómica”. Madrid sacó a concurso este servicio en 2014, y en 2018 Quirón compitió por la adjudicación del contrato con la empresa Más Prevención. Quirón ganó el concurso para prestar el servicio entre 2018 y 2021.

En el año 2021 se convocó un nuevo concurso, que quedó desierto, pero después se presentó únicamente Quirón, al que se le adjudicó de nuevo el servicio el 17 de junio de 2021, contrato que tiene vigencia hasta el 31 de julio de 2024.

Respecto a Quirón Salud, es concesionaria de tres de los cuatro hospitales de gestión indirecta, es decir, los de Valdemoro, Móstoles y Villalba.

Además, estas fuentes criticaron al PSOE madrileño, que en la Asamblea de Madrid pedía durante la legislatura pasada “que se pagaran las liquidaciones con mayor celeridad”, y apuntaron que ahora el pago de esas liquidaciones pendientes desde 2015 “es motivo de sospechas, cuando se trata del cumplimiento de un contrato con todas las garantías”.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Junto a los hospitales públicos tradicionales de gestión directa dependientes del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) como La Paz, 12 de Octubre, Gregorio Marañón, entre otros, conviven los centros de concesión público-privada, que se dividen, a su vez, en dos tipos, según explicaron desde la Consejería.

El primero contempla tan solo la concesión que se limita a la construcción y mantenimiento del hospital, además de la prestación de servicios no sanitarios (Hospital Infanta Sofía, Hospital Puerta de Hierro, Hospital Infanta Leonor, entre otros), mientras que el segundo incluye también la asistencia sanitaria por cuenta de la empresa concesionaria (Hospital de Torrejón de Ardoz, por ejemplo).

Además, hay dos hospitales concertados desde 2006: el Gómez Ulla, propiedad del Ministerio de Defensa; y la Fundación Jiménez Díaz, perteneciente al Grupo Hospitalario Quirón.

Este modelo de colaboración público-privada también está extendido en otras regiones como Cataluña, País Vasco o Castilla-La Mancha y procede de la Ley General de Sanidad aprobada en 1986. Durante esa época, también se externalizaron en toda España los servicios no sanitarios, como la limpieza, la seguridad o el mantenimiento de instalaciones. En la Comunidad de Madrid, el Estado cedió las transferencias en materia de Sanidad en el año 2001.