El presidente del consejo, Valentín Pich, señala en un comunicado que "la compleja situación macroeconómica actual, caracterizada por los efectos colaterales de la guerra en Ucrania, la alta inflación y la escasa velocidad respecto a la aplicación de los fondos Next Generation, está derivando en que el crecimiento económico no sea el esperado".

Pich cree que en este escenario, las empresas, y en particular las pymes, aún no han podido generar los suficientes rendimientos para compensar todas las pérdidas habidas en 2020 y en el 2021, por lo que necesitan un mayor margen de maniobra si no quieren verse abocadas a la disolución, aunque sean perfectamente viables.

Para los economistas, la exigencia de la ley de Sociedades sirve para momentos de cierta estabilidad económica, pero no está preparada para abordar situaciones tan extremas como las vividas en estos últimos años.

La disposición del artículo 363 fue suspendida durante el 2020 a instancias del Consejo de Economistas a causa de los efectos económicos de la pandemia y prorrogada en el ejercicio 2021.

Sin embargo, a día de hoy, esta medida todavía no ha sido prorrogada, lo que supone que, para el ejercicio 2022, las pérdidas de los años anteriores —particularmente el ejercicio 2020 y 2021— se deban de integrar en el balance de las sociedades, minorando sus recursos propios, como pérdidas de ejercicios anteriores.

“Esto sitúa a las empresas, especialmente a las pymes, ante una posible contingencia de cumplimiento normativo, en caso de que en 2022 no hayan generado suficientes beneficios para enjugar las pérdidas del año anterior, que debería evitarse pues nada tiene que ver con su viabilidad”, señala la entidad.