Reflejando una respuesta colectiva a la ‘triple crisis planetaria’ del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, el tratado es un instrumento internacional jurídicamente vinculante centrado específicamente en las dimensiones criminales del daño ambiental.

El convenio proporciona un marco jurídico sólido para que los Estados combatan los delitos ambientales graves que en ocasiones han quedado impunes o han sido poco enjuiciados.

El nuevo tratado, aprobado por consenso, fue desarrollado a lo largo de dos años por expertos y partes interesadas de los 46 Estados miembro del Consejo de Europa, junto con contribuciones de la UE, las Naciones Unidas, la Interpol y la sociedad civil de toda Europa y más allá.

Refuerza el mensaje de que la destrucción del medio ambiente no es solo un fracaso de las políticas, sino que también puede constituir un delito y exigir herramientas jurídicas sólidas y cooperación internacional. El convenio incluye un mecanismo de supervisión para garantizar la aplicación efectiva y la rendición de cuentas.

El tratado define y tipifica como delito una amplia gama de delitos relacionados con el medio ambiente y permite a los Estados enjuiciar conductas intencionadas que provoquen desastres medioambientales equivalentes al ecocidio.

Las disposiciones sobre responsabilidad empresarial, sanciones, jurisdicción y delincuencia organizada reflejan la naturaleza cambiante de los delitos medioambientales y sus vínculos con las redes delictivas transnacionales.

"Este convenio cambia las reglas del juego para la protección del medio ambiente", afirmó Alain Berset, secretario general del Consejo de Europa.

Berset añadió: "Aborda las amenazas ecológicas urgentes de hoy en día y aprovecha la fuerza de la justicia penal para defender el planeta. El convenio es uno de los pilares de nuestra nueva Estrategia sobre el Medio Ambiente. Juntos, marcan un audaz paso adelante, vinculando la acción ambiental con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho".

ESTRATEGIA A LARGO PLAZO

Además del nuevo tratado, el Comité de Ministros también adoptó una nueva estrategia a largo plazo en materia de medio ambiente, destinada a abordar la creciente crisis ambiental a través de la lente de los derechos humanos, la gobernanza democrática y el Estado de derecho.

Sobre la base del impulso de la Declaración de Reikiavik de 2023, esta estrategia integral, respaldada por un plan de acción operativo, establece cinco objetivos estratégicos para hacer frente a las amenazas entrelazadas del cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.

La estrategia también refuerza los compromisos para preservar la vida silvestre, los ecosistemas y los paisajes, basándose en los instrumentos de larga data del Consejo, como el Convenio de Berna y el Convenio del Paisaje.