Así lo avanzó el CGE en un comunicado en el que informó de la reunión mantenida en el día de hoy por la vicetesorera y vocal matrona del Pleno del CGE, Montserrat Angulo, y Francisco Corpas, director de los Servicios Jurídicos de la institución, con el fiscal de Sala Jefe de la Secretaría Técnica, Julio Cano, y Bárbara Bande, fiscal de la Secretaría Técnica.

En esa cita, el Consejo General de Enfermería trasladó la preocupación de la profesión ante las prácticas de las denominadas doulas, que “no constituyen profesión sanitaria alguna” y que aun así desarrollan sus actividades en el campo sanitario, “con prácticas que se tornan medievales”.

Asimismo, el CGE puso sobre la mesa que cada vez se encuentran "más situaciones graves de inseguridad clínica" para las pacientes, pues estas parteras' “no tienen formación regulada ni ninguna titulación oficialmente reconocida, pese a lo cual actúan en el entorno de las madres y los bebés recién nacidos”.

Por otro lado, advirtieron también de que esta figura no cuenta con epígrafe de IAE "y se puede estar generando una bolsa de ingresos de personas autónomas sin declararlos". “Los servicios que prestan estas doulas no son gratuitos, cobran unos elevados honorarios, tal y como se puede ver en sus publicaciones de internet, y oscilan entre los 300 y los 1200 euros, según los servicios que se incluyan”, explicó Montserrat Angulo.

NUEVO FENÓMENO

Desde el CGE trasladaron también su preocupación por una problemática reciente: la aparición de las “doulas del final de la vida”, una figura no sanitaria “que pretende acompañar de forma emocional, espiritual y práctica a una persona moribunda y a su familia durante el final de la vida, cuando se trata de una función que la normativa asigna a las enfermeras”.

Ante estas prácticas, el CGE solicitó la colaboración de la Fiscalía, cuyos representantes recibieron estas preocupaciones "con gran interés y receptividad, escuchando una problemática que ya se ha presentado en el organismo en 2015 y 2023", según indicaron desde el Consejo.

“Sabemos de la dificultad y vamos a incrementar en las denuncias el nivel de elementos probatorios a aportar, pero necesitamos la colaboración de las Fiscalías en defensa de la salud de los bebés y las madres”, solicitaron los representantes de la profesión enfermera.

Ambas partes acordaron elaborar de forma consensuada un decálogo de recomendaciones para profesionales, matronas y pacientes para evitar el intrusismo y velar por la salud y seguridad clínica de gestantes y bebés.