Así lo destacó el ministro de Universidades en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, que dio el visto bueno en segunda lectura a este texto que pasará ahora a tramitarse en el Parlamento.

“Es una ley que ofrece a las universidades las herramientas para que puedan adaptarse a este cambio de época”, confirmó Subirats, poniendo el foco en el "talento y la empleabilidad".

El documento incluye el compromiso mínimo de gasto en universidades del 1% del PIB (actualmente es del 0,7%); la estabilización de las plazas de profesorado asociado pasándolas a indefinidas, reduciendo así la temporalidad del 40% en la Ley actual al 8%, lo que mejorará las condiciones laborales de unos 25.000 profesores (contratos que entrarán en vigor antes de diciembre de 2024); y la incorporación de medidas para la promoción y mejora de las condiciones laborales del personal docente investigador (PDI).

Asimismo, se recupera el valor original de la figura de profesor asociado, que aportará sus conocimientos en aquellas materias en las que su experiencia profesional resulte relevante, limitando su docencia a un máximo de 120 horas lectivas. Se incorpora la figura del profesorado sustituto cuya finalidad exclusiva es la de sustituir al PDI con derecho a reserva de puesto de trabajo que suspenda temporalmente sus servicios.

FORMACIÓN PERMANENTE

Entre los principales cambios introducidos por el ministro Subirats se encuentra lo relativo a la formación a lo largo de la vida, es decir, hacer que las universidades estén dirigidas a todas las edades, para dar respuesta a las necesidades competenciales en la edad adulta y por el cambio demográfico previsto en los próximos años.

"Estamos en una etapa en la que si quieres seguir trabajando tienes que seguir estudiando durante toda la vida", argumentó, en línea con las políticas europeas en formación permanente. Actualmente, destacó, "sólo un 6% de los universitarios tiene más de 30 años", cuando el horizonte demográfico está a la baja y repercutirá en el número de alumnos en los campus.

Según el texto, se establecerán títulos propios de formación a lo largo de la vida mediante modalidades diversas, incluidas microcredenciales, microgrados y otros programas de corta duración, que podrán tener reconocimiento académico. Las administraciones públicas fomentarán programas de becas y ayudas a la formación a lo largo de la vida en el marco de las políticas de fomento de la movilidad internacional.

Subirats reconoció "problemas de transferencia" de la investigación que tienen las universidades, por lo que la ley buscará la "ciencia abierta y ciudadana".

Asimismo, el ministro alertó que "en ocho años el 53% de los profesores permanentes van a jubilarse" y, mientras, "otros esperan con 40 o 45 años su estabilización laboral". Por ello, Universidades busca con la reforma que la carrera académica sea también "más predecible, más corta, y más estable".

Desde el inicio de los estudios de doctorado hasta la estabilización sólo pasarán diez años. El acceso a la carrera se realizará con la figura del ayudante doctor, con un contrato de seis años (en vez de los cinco de la actual LOU), eliminando la acreditación para esta figura al igual que se hace en el resto de los países europeos, y accediendo por concurso público.

Pasados estos seis años se podrá alcanzar la estabilización a través de las figuras de titular de universidad o bien de permanente laboral, mediante la acreditación pertinente y un concurso público. La figura de promoción será la de catedrático.

También se impulsará la evaluación al profesorado de forma cualitativa y cuantitativa, teniendo en cuenta el acceso abierto de las publicaciones, el impacto territorial de las investigaciones, la pluralidad lingüística, la experiencia profesional, y las particularidades de cada disciplina académica.

En cuanto a la internacionalización, la futura ley buscará reforzar las alianzas universitarias europeas, euro regionales e internacionales, con el impulso de títulos compartidos; se impulsará la movilidad de profesionales y estudiantes y se crea una nueva figura de profesorado distinguido, cuya función es atraer profesorado de prestigio académico e investigador, tanto nacional como extranjero.

COGOBERNANZA

En lo relacionado con la gobernanza, el nuevo texto plantea un modelo democrático en el que la elección de los y las representantes de los distintos sectores de la comunidad universitaria se realizará mediante sufragio, y contará con cuatro estructuras básicas: Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo de Estudiantes y Consejo Social. En el primero habrá un mínimo del 25% de representación del estudiantado.

Las Unidades de Igualdad y las de Diversidad serán obligatorias y todos los órganos de las universidades y las comisiones de evaluación o selección de personal serán paritarios (mujeres y hombres). Además, en los concursos se podrán aplicar acciones positivas para contratar, en igualdad de condiciones de idoneidad, al sexo menor representado.

En lo relativo a las cuestiones de discapacidad, las unidades de diversidad deberán contar con un servicio de atención a la discapacidad y disponer de un plan de inclusión y no discriminación por motivos de discapacidad, origen étnico y nacional, orientación sexual e identidad de género, y por cualquier otra condición social o personal.

Se establece también un cupo de reserva para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, las universidades deberán facilitar la lengua de signos, así como fomentar estudios propios adaptados a personas con discapacidad intelectual u de otra índole.